El Servicio Electoral (Servel) determinó descuentos por $136.902.517 a cinco colectividades por el incumplimiento del fomento a la participación política de la mujer durante 2022, con los recursos públicos.

Los partidos políticos que recibieron la medida fueron la UDI con $46.984.579, el Partido Comunista con $41.667.568, el Partido de la Gente con $33.935.782, el Partido Radical con $ 12.557.802 y Convergencia Social con $1.756.786.

Según el Servel, se trata de la cifra más alta desde 2016, año en que comenzó a regir la normativa que establece que un 10 por ciento del total de los aportes públicos entregados a cada partido político debe, por Ley, ser utilizado para fomentar la participación política de las mujeres.

En el caso de no cumplir con el porcentaje de gasto mínimo establecido, a las colectividades se le descuenta de los aportes que recibirán al año siguiente un monto equivalente a lo faltante para cumplir ese mínimo.

La ley se refiere a gasto en participación de las mujeres en política a todo lo que incentive y fomente el rol más activo y protagónico de la mujer en política, no sólo al interior de los partidos, sino que también en los distintos ámbitos de actuación en el quehacer político del país. Las instrucciones del Servel, establecen aquellos gastos que no cumplen con la finalidad inspiradora de la ley.

En cuanto a los motivos para los descuentos están: no rendir gastos sobre la materia; rendir gastos que no corresponden al fomento a la participación política de la mujer o no alcanzar el 10% mínimo de gastos.

El director nacional de Servel, Raúl García, dijo que “desde el Servicio Electoral hemos propendido a que los partidos políticos fomenten la participación de las mujeres en política en distintas áreas, buscando el compromiso y la gestión de ellos. Las cifras que hoy damos a conocer son un retroceso que puede obedecer a múltiples causas”.

“Esperábamos que la tendencia positiva de años anteriores se mantuviera, pero esto no ocurrió en 2022, por lo que seguimos instando a todos los partidos políticos a planificar ordenada y regularmente sus actividades de fomento dando cumplimiento a lo que la ley exige, pero también como un beneficio político para el país”, concluyó.