Crítico se mostró el ministro de Justicia, Luis Cordero, a la enmienda ingresada por los consejeros del Partido Republicano al anteproyecto de reforma constitucional que busca otorgar el beneficio de cumplir el resto de sus condenas en sus domicilios a los responsables de delitos que tengan más de 75 años de edad.
Para el secretario de Estado, existe una clara direccionalidad con esta iniciativa, la que busca dejar fuera de la cárcel a quienes permanecen privados de libertad por diversos delitos cometidos durante la dictadura entre 1973 y 1990.
Esto porque “de las 50 mil personas privadas de libertad en nuestro país, 265 son mayores de 75 años. De esas 265, aproximadamente 146 son personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esa cifra lo dice todo, explicó.
Consultado si esto es un beneficio especial para agentes del Estado involucrados en estos hechos, Cordero subrayó que “si usted analiza la relación proporcional de los datos, 265 personas mayores de 75 años en todo el sistema de enjuiciamiento criminal, 145, 146 personas condenadas por delitos por violaciones a los derechos humanos, creo que la respuesta es bastante obvia”.
Además, indicó que la proporción “dice bastante de los efectos que tiene esa enmienda”.
El ministro de Justicia puntualizó que “en opinión del Ejecutivo, de hecho esta es una doctrina que se aplica también en el caso de los indultos, los delitos de lesa humanidad son inanmistiables y además tienen restricciones adicionales al otorgamiento de beneficios”.
Por eso precisó que “cada uno tiene que hacerse cargo de las enmiendas que genera”, al tiempo que insistió en que en particular esta idea “tiene un efecto general en los condenados por violaciones a los derechos humanos”.
“Yo creo que afecta el derecho internacional de los derechos humanos, pensando en las víctimas”, precisó Cordero.
En términos generales sobre las indicaciones presentadas por los republicanos en el Consejo Constituyente, para el titular de Justicia se trata de devolver el entramado jurídico del país al menos en tres o cuatro décadas, cuando Chile no estaba suscrito a acuerdos internacionales que lo obligaran incluso a adecuar su ordenamiento interno.
“Es como volver el debate legal a principio de los ’80, de hecho, previo a la reforma del año 1989 y en algún sentido, desconociendo todo lo que había sido la trayectoria jurídica chilena de las últimas tres décadas. Pero bueno, es el Consejo Constitucional y en el contexto de la deliberación pública se verá en su votación. Pero a mí me parece que ese es el contexto en común que tienen esas enmiendas”, apuntó.
