Las directivas de los partidos de Chile Vamos nuevamente llamaron al Ejecutivo a cobrar responsabilidades políticas en medio de las complicaciones que sigue generando para el Gobierno el enredo de platas del caso Convenios, en el que entidades públicas, entre ellas varios gobiernos regionales, se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público por cuestionados traspasos de recursos a fundaciones sin fines de lucro.

Entre los últimos antecedentes que se suman a este caso destacan, por ejemplo, la detención del excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, por su vinculación con la Corporación Kimún; la renuncia de tres altos funcionarios del Gobierno Regional del Biobío por su eventual implicancia en la arista protagonizada por la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi; además de cuestionamientos a la directora de Presupuestos (DIPRES), Javiera Martínez, por su rol en la flexibilización presupuestaria de gobiernos regionales.

Sobre esto último, de hecho, el senador y presidente de la UDI, Javiera Macaya, dijo llamarle la atención lo que calificó como la “Operación Blindaje” a la directora de Presupuestos de parte de los ministros Mario Marcel y Carolina Tohá, “cuando es evidente que en la Dirección de Presupuestos se dejó que pasaran cosas, cuando hubo cambios de criterios que hicieron posibles los hechos de corrupción más graves que haya vivido nuestro país en décadas”.

De acuerdo al parlamentario, esta situación para Chile Vamos “nos lleva a una sospecha mucho mayor y es la misma sospecha que tienen gran parte de los chilenos respecto a lo que significa la responsabilidad de la flexibilización de criterios desde la Dirección de Presupuestos”.

Por otro lado, el legislador sostuvo que las responsabilidades políticas “tienen que ser antes que las judiciales y legales” e insistió en la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para dar una señal de un “antes y un después” a la ciudadanía respecto del caso Convenios.

Mientras, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, acusó un “desinterés” de parte del Presidente Boric para fortalecer el Consejo de Auditoría Interne General del Gobierno. Esto, haciendo eco de las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien aseguró que si la entidad hubiera continuado con los reportes de transferencias en 2022, “podría haberse sabido más tempranamente” las irregularidades del caso Convenios.

En el oficialismo, senadores del Partido Socialista, en tanto, se reunieron con el contralor Jorge Bermúdez en busca de impulsar una agenda de trabajo conjunto para abordar esta problemática.

Luego del encuentro, el senador Alfonso de Urresti recordó que “el contralor hace un par de semanas compareció ante la comisión de Gobierno Interior planteando serias dudas respecto de la falta de control, la falta de rigurosidad para transferir a algunas fundaciones en que desgraciadamente hemos visto formalizaciones y situaciones absolutamente fuera de control”.

En ese sentido, detalló que “hemos generado una capacidad de trabajo para hacer algunas modificaciones legales, que van a ir en la orden de Ley de Presupuestos para evitar que situaciones de esta naturaleza sigan ocurriendo. En la misma línea, también avanzar en transparencia y rendición de cuentas de las distintas transferencias que se hacen en los gobiernos regionales”.

Durante la jornada, la ministra vocera Camila Vallejo, descartó un cambio en el equipo de ministros del Gobierno. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó tajantemente un cambio de gabinete y que con respecto a la citación del Ministerio Público a los ministros Giorgio Jackson, Carlos Montes y a la directora de la DIPRES reafirmó el compromiso del Ejecutivo de respetar la labor de la Fiscalía “para poder hacer las indagaciones que le corresponden al esclarecimiento de los hechos”.

En ese sentido, explicó que “siempre se llama a declarar a distintas personas, en distintas calidades, a veces como testigo o, en algunos casos, porque formalizan a personas cuando ya tiene antecedentes o sospechas de que están implicados en ciertos delitos, pero las investigaciones se basan en recoger antecedentes. Por lo tanto, el Gobierno no va a hacer más ni menos que lo que le corresponde que es siempre contribuir y colaborar con la justicia”.

“Una cosa es el respaldo político que el Gobierno tiene con las personas que están cumpliendo funciones y que no han cometido irregularidades y otra cosa es lo que hace la justicia en el ánimo de ir indagando los hechos, y para eso requiere lo que son los llamados a declarar”, reafirmó la secretaria de Estado.

Por ello precisó que “si la justicia determina un eventual acto delictivo de un funcionario de Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, obviamente que nosotros no vamos a quedar impávidos ante eso”.