Un grupo de 27 de los 134 condenados que están recluidos en el penal de Punta Peuco envió una carta al diputado Gonzalo de la Carrera, donde reconocen las violaciones a los derechos humanos que cometieron durante la dictadura civil y militar entre 1973 y 1990 y por las cuales están recluidos en ese recinto de la zona norte de la Región Metropolitana.

En el escrito señalan que “reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”.

Más adelante continúan afirmando que estas acciones se debieron a que “ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”.

Además sostienen que “hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos”.

En la carta sumaron que “venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.

Con eso solicitaron que se exculpe a suboficiales, soldados conscriptos y agentes civiles de las entidades represivas como la DINA y la CNI para que puedan quedar en libertad y “regresen con sus seres queridos”.

“A la sociedad le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia ‘justa’ para nuestros subalternos”, agregan.

La carta del grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad va en la misma línea planteada en el lanzamiento de su libro por el excomandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau, quien señaló que en último término el responsable de todo lo ocurrido en Chile durante la dictadura fue Augusto Pinochet.

Entre los que firman la carta están Iván Quiroz Ruiz, agente de la CNI que participó entre otros operativos en el asesinato de un grupo de militantes del FPMR conocido como Operación Albania. A él se suma Jaime Torres Gacitúa, condenado por el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

También rubricó el documento Carlos Herrera Jiménez, condenado a presidio perpetuo por el asesinato del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Tucapel Jiménez, además de Manuel Provis Carrasco, exagente de la DINA, graduado de la Escuela de las Américas formó parte de los militares en el campo de concentración, tortura y exterminio de Villa Grimaldi, además de formar parte de la Brigada Caupolicán del organismo represivo que dirigía Manuel Contreras.

A ellos se sumó Raúl Quintana Salazar, condenado por varios casos, entre ellos por las torturas aplicadas a detenidos en el regimiento de Tejas Verdes en la Región de Valparaíso. La hija de Quintana se querelló en su momento contra el periodista Javier Rebolledo por publicar en uno de sus libros los crímenes por los que cumple penas de cárcel. Fue agente de la DINA.