Fue tema obligado del Comité Político durante esta jornada. La postergación del debate legislativo de la reforma de pensiones llevó a los representantes de los partidos políticos a pedir aclaraciones a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sobre sus motivaciones para suspender la discusión en uno de los proyectos insigne del Gobierno.
La secretaria de Estado justificó la decisión del Ejecutivo apuntando a la coyuntura política que imposibilitaría lograr acuerdos, por lo menos durante estos dos próximos meses hasta el plebiscito del 17 de diciembre.
Al respecto, la ministra Jara, señaló que “durante estos diez meses hemos estado convocando a la oposición a un diálogo a través de la Comisión Trabajo y Previsión Social, a través de la mesa de expertos que se instaló, a través de la mesa de los partidos políticos donde, déjenme recordar, la UDI se bajó a partir de solicitar la renuncia de un ministro de Estado“.
Continuar en esa lógica para el Gobierno es un escollo que prefieren esquivar y, por lo mismo, ven con reticencia las declaraciones de la oposición desde donde se empuja la búsqueda de consensos. “Ocurre que todos los días muchos actores del mundo parlamentario se manifiestan a favor de un acuerdo en pensiones, pero en los hechos concretos lo que se hace es antagonizar el debate y polemizar al respecto”, acotó la ministra.
“Por tanto, como queremos que esto sea ley, estamos esperando el momento que sea más propicio para reponer esta discusión previsional y con toda la voluntad de seguir avanzando, que es lo que nos ha mandatado el Presidente de la República”, afirmó Jara.
Con el objetivo de seguir negociando, desde el Ministerio del Trabajo se retomará la discusión en la Cámara de Diputados, donde la reforma descansa desde julio pasado, luego del proceso electoral de la nueva Constitución. “En principio hay materias que se van a indicar después del plebiscito de salida, pero es una evaluación que está haciendo permanentemente el Ejecutivo dentro de sus prerrogativas”, anunció Jara.
En referencia a la “polarización política“, con el actual proceso constitucional en marcha, nació la duda en la interna del Gobierno si en la propuesta actual del Consejo Constitucional existe alguna contradicción con la reforma previsional que empuja el Ejecutivo.
La ministra Jara, en esa línea, declaró que “en principio no vemos una contradicción entre lo que se propone en el texto constitucional y la propuesta que hay en el Parlamento sobre reforma previsional, digo en principio porque hay que estar muy claros en que todas las materias constitucionales que se vayan resolviendo, van a requerir la interpretaciones jurídicas que se vayan dando una vez que estas se conviertan en norma”.
A pesar de aquello y de forma “preventiva” desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se encargó un estudio constitucional sobre la norma de la inexpropiabilidad de los fondos con el objetivo de involucrar una opinión fuera del Gobierno, y que, en esa línea, pueda entregar “certeza para continuar el debate de la forma más adecuada“.
Para la oposición, en cambio, sí se abre un flanco que vendría, a lo menos, a entorpecer los planes del Gobierno. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, puso la duda sobre la mesa.
“Si se aprueba la Constitución como está redactada actualmente, efectivamente va a haber una controversia judicial, va a haber una controversia constitucional porque, de mi punto de vista, se asegura la propiedad de los fondos y, por lo tanto, el Gobierno no pudiera establecer el centro de su proyecto que es establecer este sistema de reparto”, aseguró Sauerbaum.
Según Sauerbaum, de avanzar el texto del Consejo Constitucional, obligaría a modificar el proyecto previsional del Gobierno de manera contundente, estableciendo un modelo distinto al “reparto”.
En ese sentido, calificó como un “error” la decisión adoptada por la titular del Trabajo. “La ministra Jara hace algo similar a lo que hizo el ministro Jackson al amarrarse a un resultado electoral respecto de la agenda futura. Yo creo que si el Gobierno tiene que modificar el proyecto es porque es un mal proyecto, no porque aprobamos o no la Constitución”, señaló.
“Yo creo que el Gobierno comete un error porque debiera avanzar en las materias en las que tenemos acuerdo. Los chilenos no pueden seguir esperando. Esperamos que el Gobierno acceda a la petición que le hicimos ya hace un año de separar el proyecto y aprobar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos”, concluyó.
