Hay un incumplimiento por parte del Estado respecto a su obligación frente a la comunidad internacional en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre de 2019, según planteó el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
En entrevista con la Primera Edición de Radioanálisis, el representante comentó el balance que se puede hacer a cuatro años de este hecho que significó masivas y periódicas manifestaciones no sólo en Santiago, sino en ciudades y localidades de todo el país.
Esto porque a su juicio, existía un descontento de años que explotó en estas movilizaciones luego del aumento del precio del transporte público y una serie de desafortunadas declaraciones de autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, como por ejemplo que las personas iban a los consultorios para hacer vida social.
Para Bustos, “se ha buscado por parte de un sector de la clase política instalar un relato que criminaliza las manifestaciones de manera generalizada, las protestas que ocurrieron en ese periodo. Desde Amnistía Internacional reivindicamos el derecho a manifestarse, a protestar millones de personas en Chile”.
El directivo sostuvo que las manifestaciones se caracterizaron porque la gente “lo hizo pacíficamente, por un malestar que estaba acumulado y para exigir igualdad en el ejercicio de sus derechos sociales”.
Respecto a la deuda que hay respecto a lo ocurrido durante el estallido social, Bustos sostuvo que “cuando un Estado viola los derechos humanos de manera tan generalizada como ocurrió en Chile entre octubre de 2019 y sobre todo marzo de 2020, lo que debiera suceder es que el Estado cumpla con sus obligaciones en relación a esas violaciones de derechos humanos”.
Al respecto explicó que se debe avanzar en “verdad, esclarecer los hechos, lo ocurrido; justicia, llegar incluso a sancionar a los responsables; reparar integralmente a las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos; y adoptar garantías de no repetición que significa medidas tendientes a que nunca más esto vuelva a ocurrir”.
Bustos agregó que “algunos han puesto en duda incluso eso. Hemos tenido mucho negacionismo respecto a los 50 años del golpe y también lo hemos tenido en relación al estallido social. Hay una narrativa que las violaciones a los derechos humanos no ocurrieron”.
El representante del organismo internacional recalcó que lo ocurrido “no fueron mentiras y hay más de 10 mil personas que denunciaron violaciones de derechos humanos. Hubo homicidios, golpizas, violencia sexual y cientos de personas que se vieron afectadas con mutilaciones a la vista”.
A eso sumó que “el balance hoy día es que de más de diez mil personas que denunciaron tortura, malos tratos, homicidios, hay solamente 27 condenas, o sea un 0,27 por ciento de los casos”.
Asimismo, precisó que “todavía no hay formalización respecto de ninguno de los altos mandos que a nuestro juicio sí hay antecedentes suficientes para formalizarlos e imputarles algún tipo de cargo en relación a su responsabilidad por las funciones que tenían”.
Por último, Bustos comentó que enviaron un documento al Gobierno con cuatro ejes que se deben atender para evitar que este tipo de situaciones se repitan. La primera es cuestionar la naturaleza militar de Carabineros; establecer un mayor control del poder civil sobre la labor de la policía uniformada y establecer mecanismos para terminar con la elusión de los altos mandos.
En ese sentido recordó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez no va a las citaciones de la fiscal Ximena Chong que lo ha llamado a declarar sobre lo ocurrido desde el 18 de octubre en adelante.
Por último, desde Amnistía Internacional llaman a regular por ley el uso de la fuerza según estándares internacionales de derechos humanos, concluyó el directivo de la entidad.
