La Comisión de Seguridad Pública se pronunció finalmente sobre el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones. La instancia aprobó diez de catorce observaciones dando un parcial triunfo al Gobierno, dado que aún queda la intervención de la Sala del Senado y, por lo demás, la oposición ya anunció insistir por un camino alternativo.
Previo a la sesión definitoria, la coalición de Chile Vamos sostuvo un encuentro en los pasillos del Congreso Nacional para coordinar las acciones y evaluar una alternativa que ya estaba siendo sondeada tempranamente por las colectividades: reponer las penas de presidio con un proyecto paralelo.
En un punto de prensa y a minutos de celebrarse la sesión, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast (Evopoli), anunció el rechazo en bloque a las observaciones del Ejecutivo, pero, más importante, el ingreso de una iniciativa que restablezca el “corazón del proyecto” inmediatamente después de que se promulgue el texto final de la Ley de Usurpaciones, renunciando a insistir con la propuesta de su autoría, pues tampoco recalificarán el veto presidencial.
“Vamos a votarlo en contra y una vez que se promulgue esta ley, vamos a ingresar un nuevo proyecto para que efectivamente podamos restablecer las penas de cárcel en el caso de las usurpaciones. Hemos decidido no recalificar el veto, vamos a jugar con las reglas del juego en forma limpia y vamos a votar en conciencia”, afirmó Kast.
Además, el senador por Evopoli añadió que “la Ley que vamos a aprobar, aún con el veto, es infinitamente mejor a lo que tenemos hoy día, queríamos avanzar un 100 por ciento con el veto llegamos solo al 80 por ciento”.
Con el anuncio anticipado de la intención del voto, los rostros dentro de la Sala de Sesiones del Senado reflejaban resignación. No obstante, esto no evitó que se produjeran nuevamente discusiones entre el presidente de la Comisión y la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre interpretaciones de cada norma.
En general, de las catorce observaciones la Comisión de Seguridad decidió aprobar diez, en su mayoría que versaban sobre formalidad y/o concordancia, sin embargo, se rechazaron cuatro observaciones con aspectos centrales del veto del Ejecutivo como la supresión de la legítima defensa privilegiada, pese a que parecía una propuesta de consenso, o el numeral que suprimía la flagrancia permanente.
La oposición solo realizó una excepción sobre aquellas normas que establecían gradualidad en las penas, apelando a que, y, en palabras de la senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano): “No nos gusta completamente la redacción, pero corremos el riesgo de quedarnos con la norma actual y eso sería muy complejo”.
“Es superior tener esto que no tener absolutamente nada”, secundó el senador Kast en sus votaciones, reflejando lo que fue la postura de la oposición durante toda la sesión.
Como conclusión, el presidente de la Comisión de Seguridad, aseguró que “los vetos son una herramienta de última ratio. Lamento que se haya ocupado en este caso, sin embargo, es parte de las reglas del juego”.
“Parte de nuestra decisión de avanzar y poder aprobar esta ley, más allá de que el veto tiene elementos que no compartimos, es porque creemos que se avanza sustantivamente (…). Más allá de las legítimas diferencias, hoy día la gran mayoría de los chilenos puede celebrar de que desde el Senado queda despachado ya de forma definitiva una Ley con muchos elementos muy positivos“, añadió.
Con el mismo tono se pronunció también la senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señalando que “esta Ley finalmente, y con el veto, mejora sustantivamente las capacidades que tenía hoy día el Estado, se hace cargo de un problema grave que es el de las usurpaciones urbanas y rurales, pero también se respeta y se intenta con el veto, y yo espero que en la Sala también pueda considerarse aquello, que se respete los derechos fundamentales de las personas”.
El matiz en las declaraciones lo otorgó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quién con cautela recalcó que esta votación aún es preliminar. “Todas las materias que tienen que ver con puntos agregados por el Ejecutivo se aprobaron, en cambio, los vetos supresivos que sacan contenidos del proyecto que inicialmente había despachado el Congreso se rechazaron“, declaró.
“En la Sala, eso tiene que ser confirmado por una insistencia que pueden hacer los parlamentarios, si quieren insistir en el texto actual, tienen que obtener 2/3 de los presentes (…). Entonces, en este momento no se puede hacer una evaluación, pero sí podemos decir que es importante que se haya dado este paso porque es importante que esta tramitación termine lo antes posible y esta legislación entre en vigencia”, subrayó.
Si no logran los 2/3, en el caso de los vetos supresivos, los artículos del proyecto original se eliminarían tal como si se hubiese aprobado el veto. Ahí es donde recae hoy la preocupación pues desde el Gobierno aseguran que de esta forma se arriesga a entregar un texto incoherente, contrario a lo que sucedería -a su juicio- de aprobarse el veto del Ejecutivo en su totalidad.
Más allá de lo que pueda determinar la Sala del Senado, al Ejecutivo se le abre un nuevo flanco con el ingreso de una, ya denominada, Ley de Usurpaciones 2.0 desde la oposición. Sobre eso, Tohá afirmó que “ciertamente esta es una atribución siempre de los parlamentarios y parlamentarias”.
“Sin embargo, dado lo largo que ha sido la tramitación de esta Ley y que, al final del día, creo que si escuchamos las distintas opiniones, más allá de debates que sigue habiendo, se valora transversalmente los aportes que va a tener esta nueva legislación, sería bueno ponerla en práctica y evaluar su funcionamiento y modificarla una vez que veamos cómo está andando“, concluyó.
