De cara a lo que será el plebiscito del 17 de diciembre, la exministra de Salud y actual coordinadora del Consejo para la Universalización de la Atención Primaria de Salud, María Soledad Barría, expresó sus reparos sobre los impactos que podría llegar a tener la aprobación de la propuesta zanjada por el Consejo Constitucional en materia de salud.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad señaló que es muy difícil separar la salud del resto de los derechos sociales y destacó que en este ámbito la propuesta tiene un importante retroceso.

“Cuando se pone en duda la posibilidad de que exista el aborto por tres causales, usted está indirectamente afectando la salud de las mujeres; cuando se dice que uno puede impugnar las cosas que van contra la conciencia, incluso de las instituciones, quiere decir que, por ejemplo, las farmacias puedan no vender determinados productos, como puede ser la píldora del día después, los condones o lo que sea, porque tienen objeción de conciencia”, explicó.

“Eso ya lo vimos cuando partimos con la píldora del día después, las farmacias trataron de dejar de vender la píldora. Entonces, los derechos generales tienen mucho que ver con salud”, agregó.

Barría comentó que “en la parte de educación hay mucho énfasis en la libertad de enseñanza, al derecho que tienen los padres e incluso los colegios para establecer sus propios principios y valores, pero en ninguna parte se dice que no puede haber discriminación”.

“Yo me pregunto, ¿podrá haber escuelas que digan que no van a aceptar a determinadas personas? ¿O que las chicas embarazadas van a tener que salir? Es decir, hay derechos generales que no están garantizados en esta nueva Constitución y que afectan mucho la salud”, cuestionó.

Respecto del contenido específico del texto en materia de salud, la exministra sostuvo que la propuesta “es un nuevo retroceso, porque si en la Constitución actual dice que el Estado tiene que garantizar una red de establecimientos públicos o privados, en esta Constitución se habla de establecimientos públicos y privados“.

“Es decir, el Estado va a tener que garantizar que existan privados cuando hoy día en las regiones hay zonas donde el 95% de la gente está en Fonasa, que no hay privados que estén interesados en estar en esas localidades. Entonces, el Estado va a tener que gastar la poca plata que tiene para inventar prestadores privados porque la Constitución dice que tiene que haber prestadores públicos y privados, porque todas las personas tienen derecho a elegir”, dijo.

De manera que, frente a este panorama, Barría remarcó que la nueva Constitución “no solamente constitucionaliza las isapres, con todos los problemas que tenemos, sino que, además, se obliga al Estado a favorecer la existencia de establecimientos privados”.

“Se dice que existirá la libertad de elegir y eso es un espejismo. Eso no existe porque en esta Constitución que se está proponiendo no dice que no puede haber discriminación de precios. Entonces, son algunos no más que tienen la posibilidad elegir y no la totalidad. La verdad es que desde el punto de vista de salud esto es un retroceso respecto a lo malo que ya teníamos en la actual Constitución”, añadió.

Por lo mismo, Barría consideró que “esta es una Constitución de una élite que está acostumbrada a elegir y que no saben que el 90% de las personas en Chile no tienen esa posibilidad de elección. Entonces, se pone como constitucional algo que es propio de las élites y no se tiene en cuenta que la realidad de la salud para la gran mayoría de la población está en perfeccionar, en mejorar lo que hace el sistema público, también complementado con prestadores privados, por cierto, pero a través de mecanismo de solidaridad y universalidad”.