La detención del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, provocó una cascada de reacciones desde el mundo político. Mientras en el oficialismo se valoró la acción por parte del Ministerio Público, la oposición pidió evaluar la responsabilidad de La Moneda.

Uno de los primeros en  pronunciarse fue el presidente de Revolución Democrática, tienda donde militaban Andrade y Contreras hasta que explotara el caso el 16 de junio pasado.

En su declaración, Diego Vela recalcó que “desde el primer momento se ha colaborado con la investigación y la justicia, en menos de un mes desde que supimos del caso fueron expulsadas de nuestra colectividad las dos personas detenidas y nos querellamos para buscar que la justicia determine responsabilidades y delitos”.

“No toleraremos ni corrupción ni impunidad. No habrá defensas corporativas y caiga quien caiga deben asumir sus responsabilidades penales y políticas”, insistió.

También desde el oficialismo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) valoró la aprehensión de los dos implicados. “Nosotros creemos que en los escándalos de corrupción que se presentan tanto de políticos como de grandes empresarios, lo que la gente siente es que estos casos son impunes, que la justicia no actúa y hoy día creemos que la detención es justamente una señal en la línea correcta de la justicia”, sostuvo.

“Acá se debe investigar a fondo y los responsables deben pagar caiga quien caiga y venga de donde venga. La corrupción es un flagelo, le hace mal a la democracia, lastima la credibilidad de las instituciones, por lo cual nosotros creemos que es una buena señal”, añadió.

En tanto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, respondió que “es absolutamente indispensable la transparencia y la justicia, que las instituciones funciones independientemente de quién sea quién cometió delito tiene que pagarlo, pero también las responsabilidades políticas tiene que ser asumidas”.

El parlamentario indicó además que “el Gobierno no puede ir pasando por la calle y ver que ocurran cosas y aquí no pasa nada. Hay responsabilidades políticas claramente“.

Mientras, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, señaló que los hechos confirman lo que ya venían advirtiendo. “Acá puede haber cohecho, puede haber corrupción, puede haber tráfico de influencias y es efectivamente esa la línea que ha tomado el Ministerio Público”, declaró.

“No me sorprendería empezar a ver un desfile más de personas detenidas durante estos próximos días y lo más importante es que se aclare si aquí efectivamente existió, como lo hemos planteado, una red de corrupción a nivel país. Por lo demás, otra cuestión que hemos puesto también sobre la mesa ¿Qué es lo que pasa si había una red de corrupción y de protección en La Moneda?”, cuestionó.

Cabe destacar que a raíz de las últimas declaraciones de la exsubsecretaria Tatiana Rojas, quién afirmó ante Fiscalía el 5 de octubre que había entregado el informe sobre el caso Democracia Viva -antes del 16 de junio- al ministro Carlos Montes, la oposición arremetió contra el titular de Vivienda.

Desde Evópoli al Partido Republicano, emitieron un ultimátum al Presidente Gabriel Boric señalando que, de no pedir la renuncia este miércoles a Montes, presentaran una acusación constitucional a primera hora de este lunes.

Punto de prensa de parlamentarios de oposición.

Por medio de un comunicado, los legisladores republicanos señalaron que “la bancada de diputados del Partido Republicano exige hoy, no mañana, no pasado mañana, sino hoy, la renuncia del ministro de Vivienda Carlos Montes. Las declaraciones de la exsubsecretaria Rojas son demoledoras y demuestran que el ministro Montes sabía todo y no hizo nada. Lleva meses mintiendo en la opinión pública y encubriendo la verdad”.

“Si el Presidente Gabriel Boric no le pide la renuncia, presentaremos la acusación constitucional el lunes para que el Congreso lo destituya”, zanjaron.

En tanto, en un punto de prensa desde el Congreso Nacional, el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, se sumó al libelo recalcando que para el Gobierno “ya pasó el tiempo del beneficio de la duda”.

“Creemos que hay razones suficientes para que por lo menos, en virtud de la fe pública, se remueva al ministro de Vivienda”, sostuvo.