Comisión revisora aprueba acusación constitucional contra ministro Carlos Montes
La instancia determinó que será la diputada de la bancada Social Cristiana, Francesca Muñoz, quien sostenga el libelo ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Miércoles 3 de enero 2024 17:18 hrs.
Valparaiso, 16 de noviembre de 2023
Punto de prensa del ministro Carlos Montes
Sebastian Cisternas/Aton Chile
Por 3 votos a favor y 2 en contra, hoy la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien la oposición responsabilizó por supuestamente haber infringido la constitución y las leyes en el marco de las irregularidades del Caso Convenios.
Votaron a favor del libelo los diputados Víctor Pino (exPDG), también presidente de la instancia, Cristián Labbé (UDI), y Natalia Romero (ind/UDI).
Mientras que rechazaron la acción legislativa los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Emilia Nuyado (PS).
Con este resultado fue aprobada la procedencia de la acusación contra el titular del Minvu, por lo que será el turno de la Sala de la Cámara de pronunciarse mañana jueves. Instancia ante la que se determinó expondrá la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, una de las principales impulsoras del libelo.
Previamente, la comisión revisora continuó con el análisis del libelo y, en la oportunidad, el abogado Luis Ferrada –invitado por el oficialismo- insistió en que este presenta defectos de fondo, apuntando que el concepto de “responsabilidad objetiva” está mal aplicado, puesto que se trata de una “anomalía” del ordenamiento jurídico chileno, con lo cual quedarían inválidos cuatro de los cinco capítulos de la acusación.
Precisamente, en relación a este último punto, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, acusó errores de fondo y formalidad constitucional en el texto, desestimando su viabilidad.
“Los acusadores y los diputados de oposición han venido a insistir que esto es un juicio de carácter político y nada más, que lo jurídico no es necesario y eso me parece que es el argumento más peligroso que se puede tener, porque desvirtúa totalmente la herramienta y vicia el control jurídico-político del Congreso”, expresó.
En una línea similar, la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, remarcó que la acusación contiene “graves falencias, confusiones y errores en su fundamentación. El rol fiscalizador de la Cámara de Diputadas y Diputados no solamente debe realizar un análisis político, sino que también un análisis jurídico conforme al mandato constitucional”.
“No basta con invocar un número de acciones que no realizó el ministro Carlos Montes, sino que se hace necesario detallar que esa omisión, esa conducta concreta del ministro, dejó de ejecutar una norma jurídica precisa. De qué forma se configura la supuesta falta de control, de qué forma se vulneran los principios de eficiencia y eficacia, de qué forma se falta a la probidad. Estas omisiones no se configuran ni acreditan en ninguno de los cinco capítulos que contiene esta acusación”, afirmó Nuyado.
En la oposición, la diputada independiente-UDI, Natalia Romero, defendió la justificación del libelo, manifestando que “dada la información entregada por nuestros invitados, sumada a la información pública a la cual hemos tenido acceso, consta que el ministro adoptó medidas administrativas tendientes a intentar corregir la grave situación que ocurrió al interior del Ministerio de Vivienda; sin embargo, dicha opción de medida fue a todas luces tardía, extemporánea e inoportuna”.
Mientras tras finalizar la sesión, el diputado ex PDG y presidente de la comisión revisora, Víctor Pino, apuntó que “más que tramitar una acusación constitucional, creo que la gente espera que podamos hacer las cosas en los tiempos y momentos que corresponden”.
“Esta acusación para mí no debió haberse llevado a cabo, porque el Presidente Gabriel Boric debió haber removido al ministro Montes hace muchos meses atrás. Entonces, la tozudez del Presidente nos llevó a esta circunstancia”, comentó.
Pese a este resultado favorable, se prevé que la acusación constitucional contra el ministro Montes, la quinta contra el Gobierno, se termine cayendo en la Cámara al no contar con los votos 78 para prosperar, destacando entre ellos el rechazo de parte de los DC Eric Aedo, Ricardo Cifuentes, Alberto Undurraga, Héctor Barría y Felipe Camaño y los Demócratas Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Érika Olivera y Jorge Saffirio.
Por 3 votos a favor y 2 en contra, hoy la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien la oposición responsabilizó por supuestamente haber infringido la constitución y las leyes en el marco de las irregularidades del Caso Convenios.
Votaron a favor del libelo los diputados Víctor Pino (exPDG), también presidente de la instancia, Cristián Labbé (UDI), y Natalia Romero (ind/UDI).
Mientras que rechazaron la acción legislativa los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Emilia Nuyado (PS).
Con este resultado fue aprobada la procedencia de la acusación contra el titular del Minvu, por lo que será el turno de la Sala de la Cámara de pronunciarse mañana jueves. Instancia ante la que se determinó expondrá la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, una de las principales impulsoras del libelo.
Previamente, la comisión revisora continuó con el análisis del libelo y, en la oportunidad, el abogado Luis Ferrada –invitado por el oficialismo- insistió en que este presenta defectos de fondo, apuntando que el concepto de “responsabilidad objetiva” está mal aplicado, puesto que se trata de una “anomalía” del ordenamiento jurídico chileno, con lo cual quedarían inválidos cuatro de los cinco capítulos de la acusación.
Precisamente, en relación a este último punto, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, acusó errores de fondo y formalidad constitucional en el texto, desestimando su viabilidad.
“Los acusadores y los diputados de oposición han venido a insistir que esto es un juicio de carácter político y nada más, que lo jurídico no es necesario y eso me parece que es el argumento más peligroso que se puede tener, porque desvirtúa totalmente la herramienta y vicia el control jurídico-político del Congreso”, expresó.
En una línea similar, la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, remarcó que la acusación contiene “graves falencias, confusiones y errores en su fundamentación. El rol fiscalizador de la Cámara de Diputadas y Diputados no solamente debe realizar un análisis político, sino que también un análisis jurídico conforme al mandato constitucional”.
“No basta con invocar un número de acciones que no realizó el ministro Carlos Montes, sino que se hace necesario detallar que esa omisión, esa conducta concreta del ministro, dejó de ejecutar una norma jurídica precisa. De qué forma se configura la supuesta falta de control, de qué forma se vulneran los principios de eficiencia y eficacia, de qué forma se falta a la probidad. Estas omisiones no se configuran ni acreditan en ninguno de los cinco capítulos que contiene esta acusación”, afirmó Nuyado.
En la oposición, la diputada independiente-UDI, Natalia Romero, defendió la justificación del libelo, manifestando que “dada la información entregada por nuestros invitados, sumada a la información pública a la cual hemos tenido acceso, consta que el ministro adoptó medidas administrativas tendientes a intentar corregir la grave situación que ocurrió al interior del Ministerio de Vivienda; sin embargo, dicha opción de medida fue a todas luces tardía, extemporánea e inoportuna”.
Mientras tras finalizar la sesión, el diputado ex PDG y presidente de la comisión revisora, Víctor Pino, apuntó que “más que tramitar una acusación constitucional, creo que la gente espera que podamos hacer las cosas en los tiempos y momentos que corresponden”.
“Esta acusación para mí no debió haberse llevado a cabo, porque el Presidente Gabriel Boric debió haber removido al ministro Montes hace muchos meses atrás. Entonces, la tozudez del Presidente nos llevó a esta circunstancia”, comentó.
Pese a este resultado favorable, se prevé que la acusación constitucional contra el ministro Montes, la quinta contra el Gobierno, se termine cayendo en la Cámara al no contar con los votos 78 para prosperar, destacando entre ellos el rechazo de parte de los DC Eric Aedo, Ricardo Cifuentes, Alberto Undurraga, Héctor Barría y Felipe Camaño y los Demócratas Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Érika Olivera y Jorge Saffirio.
Por 3 votos a favor y 2 en contra, hoy la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien la oposición responsabilizó por supuestamente haber infringido la constitución y las leyes en el marco de las irregularidades del Caso Convenios.
Votaron a favor del libelo los diputados Víctor Pino (exPDG), también presidente de la instancia, Cristián Labbé (UDI), y Natalia Romero (ind/UDI).
Mientras que rechazaron la acción legislativa los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Emilia Nuyado (PS).
Con este resultado fue aprobada la procedencia de la acusación contra el titular del Minvu, por lo que será el turno de la Sala de la Cámara de pronunciarse mañana jueves. Instancia ante la que se determinó expondrá la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, una de las principales impulsoras del libelo.
Previamente, la comisión revisora continuó con el análisis del libelo y, en la oportunidad, el abogado Luis Ferrada –invitado por el oficialismo- insistió en que este presenta defectos de fondo, apuntando que el concepto de “responsabilidad objetiva” está mal aplicado, puesto que se trata de una “anomalía” del ordenamiento jurídico chileno, con lo cual quedarían inválidos cuatro de los cinco capítulos de la acusación.
Precisamente, en relación a este último punto, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, acusó errores de fondo y formalidad constitucional en el texto, desestimando su viabilidad.
“Los acusadores y los diputados de oposición han venido a insistir que esto es un juicio de carácter político y nada más, que lo jurídico no es necesario y eso me parece que es el argumento más peligroso que se puede tener, porque desvirtúa totalmente la herramienta y vicia el control jurídico-político del Congreso”, expresó.
En una línea similar, la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, remarcó que la acusación contiene “graves falencias, confusiones y errores en su fundamentación. El rol fiscalizador de la Cámara de Diputadas y Diputados no solamente debe realizar un análisis político, sino que también un análisis jurídico conforme al mandato constitucional”.
“No basta con invocar un número de acciones que no realizó el ministro Carlos Montes, sino que se hace necesario detallar que esa omisión, esa conducta concreta del ministro, dejó de ejecutar una norma jurídica precisa. De qué forma se configura la supuesta falta de control, de qué forma se vulneran los principios de eficiencia y eficacia, de qué forma se falta a la probidad. Estas omisiones no se configuran ni acreditan en ninguno de los cinco capítulos que contiene esta acusación”, afirmó Nuyado.
En la oposición, la diputada independiente-UDI, Natalia Romero, defendió la justificación del libelo, manifestando que “dada la información entregada por nuestros invitados, sumada a la información pública a la cual hemos tenido acceso, consta que el ministro adoptó medidas administrativas tendientes a intentar corregir la grave situación que ocurrió al interior del Ministerio de Vivienda; sin embargo, dicha opción de medida fue a todas luces tardía, extemporánea e inoportuna”.
Mientras tras finalizar la sesión, el diputado ex PDG y presidente de la comisión revisora, Víctor Pino, apuntó que “más que tramitar una acusación constitucional, creo que la gente espera que podamos hacer las cosas en los tiempos y momentos que corresponden”.
“Esta acusación para mí no debió haberse llevado a cabo, porque el Presidente Gabriel Boric debió haber removido al ministro Montes hace muchos meses atrás. Entonces, la tozudez del Presidente nos llevó a esta circunstancia”, comentó.
Pese a este resultado favorable, se prevé que la acusación constitucional contra el ministro Montes, la quinta contra el Gobierno, se termine cayendo en la Cámara al no contar con los votos 78 para prosperar, destacando entre ellos el rechazo de parte de los DC Eric Aedo, Ricardo Cifuentes, Alberto Undurraga, Héctor Barría y Felipe Camaño y los Demócratas Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Érika Olivera y Jorge Saffirio.
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