Como forma de dar respuesta a la crisis de seguridad, actores políticos tanto de centroizquierda como de derecha han requerido el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Región Metropolitana, e incluso algunas voces solicitan que los uniformados se desplieguen en todo el país. Sin embargo, autoridades de Gobierno han desestimado involucrar a las instituciones en el control del orden público.

En la Macrozona Sur y la frontera norte, el Ejército de Chile ha cumplido labores de control por situaciones puntuales en el marco del Estado de Excepción Constitucional y el uso de la Ley de Infraestructura Crítica. Pero en las últimas semanas, alcaldes y parlamentarios han instado a ampliar el uso de las FF.AA. en favor de la zona sur de Santiago, puesto que cuenta con una baja dotación de Carabineros. Junto a ello, se suman los llamados a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Para realizar una evaluación de estas medidas, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el ex subsecretario de Defensa y exembajador, Gabriel Gaspar. Desde su perspectiva, el diagnóstico central de la situación país es que “Chile ha perdido control de su territorio a manos de distintas situaciones de violencia, y producto de esa situación el Estado chileno hoy día no puede proteger adecuadamente a la población”.

En relación al despliegue de las FF.AA. tanto en la Macrozona Sur como en la frontera norte, el cientista político indicó que en la ejecución de estas medidas “no hay definiciones políticas de qué es lo que se quiere alcanzar con el empleo de la fuerza militar”, ni tampoco claridad en el mando, lo que afecta su efectividad.

Respecto a las características de la RM, señaló que los hechos “desbordan lo puramente policial  porque afectan a dos temas centrales del Estado que es garantizar el control del territorio y garantizar la seguridad de la familia chilena”.

“Comparto la tesis de que sería conveniente que el Jefe de Estado convoque un Consejo de Seguridad Nacional para que los principales órganos del país emitan su opinión y junto con ellos también puedan emitir su propuesta, para obviamente poder dar una respuesta nacional a esto que yo creo que no es partidario, no es exclusivo de esta administración de gobierno, sino que viene de antes, se ha ido recrudeciendo”, dijo.

El Gobierno apela a que este organismo tiene carácter consultivo. Al respecto, Gaspar planteo que “si los diagnósticos estuvieran bien hechos tendríamos claro cuál es el objetivo, lo que en términos militares se llama la misión, que se le da a las fuerza militares en el sur y en el norte. En mi opinión eso está bastante deficitario y, por eso, cada 15 días hay que ir al Congreso a pedir ratificación”.

A juicio de Gaspar, son medidas que podrían ayudar pero aún falta que sean bien definidas,  considerando además que hoy “tenemos arriba de 6.7 homicidios cada 100 mil, ¿dónde vamos a estar en 10 años más si no ponemos un atajo a esto?”.

Con todo, son varias las voces que apuntan a una baja efectividad de estas propuestas. El director del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, afirmó que los cuerpos militares no cumplen ningún rol en el orden público, argumentando que este debate contiene dos dimensiones: los mandatos constitucionales de las FF.AA y un tema pragmático de eficiencia.

“Las FF.AA. no saben de orden público ni pueden saberlo porque están dedicadas y entrenadas para otra cosa, el orden público es de Carabineros y de la policía. Si metemos a las FF.AA en cosas de orden público no vamos a tener resultados ni vamos a hacer lo que hay que hacer, que es todo lo posible porque Carabineros tenga las dotaciones y las capacidades para estar a la altura de los desafíos del crimen organizado y de la criminalidad”, explicó.

En ese sentido, cuestionó “¿qué van a hacer los militares en un Estado de Excepción o con el Cosena?, ¿van a ir a detener gente en distintas poblaciones, vecindarios? Y, eso, lo van a hacer con qué información, si lo principal aquí es la información de inteligencia. Ellos no la tienen, tienen que tenerla las policías especializadas y si no la tienen, deben desarrollarlas, pero hay que ponerse en el escenario práctico”, sostuvo.

Para Aguero, se deben involucrar a las organizaciones competentes en trabajos operativos concretos. “Cuando los diputados y algunos senadores llaman al Cosena es porque quieren tener alguna exposición mayor, vienen las elecciones. Eso tiene un impacto mediático, pero no tiene ningún impacto práctico y estamos en una situación de criminalidad que requiere acciones eficientes y pragmáticas. Lo del Cosena no ayuda para nada, ni tampoco los Estados de Excepción“, zanjó.

Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, cuestionó que se plantee ampliar el Estado de Excepción hacia otras regiones del país porque, a su juicio, “es normalizar una cuestión que debiera ser excepcional”.

Además, opinó que es “absolutamente ineficiente el planteamiento sobre los Estados de Excepción, porque tenemos unas FF.AA. pequeñas, profesionalizadas, y que hoy día están por una parte en el norte asumiendo responsabilidades y, por otro lado, en el sur frente a la violencia en La Araucanía y también en el Biobío”.

“Entonces, me parece que es un despropósito seguir tirando frases para el titular que en la práctica no convienen a la democracia y son ineficientes, además desde el punto de vista operativo”, afirmó.

Para la parlamentaria, “no es bueno que una democracia militarice los problemas del orden público“. En esa línea, Fries sostuvo que las respuestas para la crisis de seguridad se pueden abordar con mayores sesiones en el Consejo Nacional para el Crimen Organizado y fortaleciendo las leyes de inteligencia en el Congreso.

“Entonces, la verdad es que la solución no está puesta en los militares, la solución está puesta en quienes están a cargo del orden público que son Carabineros de Chile”, zanjó.

Imagen de Portada: Agencia ATON