La jornada de este martes agrupaciones de derechos humanos junto sindicatos, colegios profesionales, sitios de memoria y personalidades concurrieron a la Dirección General de Carabineros de Chile para entregar una carta, solicitando la renuncia del general director de la institución, Ricardo Yáñez.
Esto, a pocos días de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijara para el próximo 7 de mayo la formalización del uniformado, a quien la Fiscalía imputó el delito de omisión durante el estallido social, momento en que ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.
En el documento dirigido a Yáñez, solicitaron poner término a sus funciones como director general de Carabineros “por estar involucrado en un procedimiento penal en calidad de imputado por hechos que han sido calificados por organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONG Human Rights Watch, entre otros, como constitutivos de delitos de lesa humanidad y en el ámbito local, el Ministerio Público ha requerido su formalización, atribuyéndole responsabilidad penal en delitos que configuran violaciones de Derechos Humanos”.
Asimismo, apuntaron que “la conducta desplegada por usted durante el estallido social es de la máxima gravedad, porque los funcionarios a su cargo realizaron acciones violatorias a los derechos humanos, que se enmarcan dentro de un ataque generalizado, sistemático y masivo en contra de la población civil, reproduciendo conductas criminales que solo habíamos vivido durante la dictadura civil militar, destruyendo la garantía de no repetición, con el resultado de cientos de personas con lesiones oculares gravísimas, miles de personas víctimas de apremios ilegítimos, lesiones graves y homicidio”.
“Usted estaba a cargo del orden y seguridad durante ese periodo de movilización social, y el personal bajo su mando ejecutó actos criminales que constituyen crímenes de lesa humanidad”, cuestionaron.
En esa línea, remarcaron que “Carabineros de Chile forma parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y su misión es dar eficacia al derecho, dar cumplimiento a la ley y respetar los derechos humanos, nada de eso hizo usted en aquel período, por el contrario, violó la ley, violó los derechos humanos y fue partícipe de una acción criminal concertada y articulada desde el alto mando, del cual usted formaba parte, para reprimir ilícitamente y de una forma brutal e inhumana a la población civil”.
Por lo mismo, a su juicio, calificaron como “grave” y “vergonzoso” que “la persona que dirige la institución a cargo del orden y seguridad pública tenga la calidad de imputada por delitos de lesa humanidad” y añadieron que “su permanencia debilita la institucionalidad de la república y el estado de derecho”.
Por otra parte, criticaron su solicitud para inhabilitar a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en las causas por el 18-O, apuntando que en el transcurso de la investigación “ha tenido una conducta resistente a la acción de la justicia”.
