En una carta abierta Amnistía Internacional instó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a garantizar la autonomía e independencia de los y las fiscales con el fin de proteger el proceso judicial “según el marco jurídico nacional y los estándares internacionales de derechos humanos”.
Esto, en el marco de la investigación que se está desarrollando contra el Alto Mando de Carabineros por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones del denominado estallido social. Arista en la que destaca la audiencia de formalización para el próximo 7 de mayo del general director de la institución, Ricardo Yáñez, quien es acusado por el delito de omisión de apremios ilegítimos mientras se desempeñaba como director de Orden y Seguridad.
En la misiva, la organización expresó su preocupación por “las presiones e injerencias indebidas dirigidas contra los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, quienes encabezan la investigación contra el Alto Mando de Carabineros de Chile”.
“En concreto, la defensa de uno de los investigados en esta causa, así como varios funcionarios del Estado, han realizado cuestionamientos públicos en contra de ambos fiscales, con el fin de deslegitimar su trabajo y tratando de socavar el principio de independencia judicial y en específico de ambos fiscales”, acusaron, en referencia al abogado defensor de Yáñez, quien acusó de “odio y resentimiento” por parte de los persecutores a la institución uniformada.
Asimismo, cuestionaron que “autoridades políticas han realizado señalamientos graves contra ambos fiscales. Partidos políticos como “Chile Vamos” o “Unión Demócrata Independiente” entre otros, los acusaron públicamente de ‘octubrismo y activismo judicial de izquierda’, mientras que algunos parlamentarios sostuvieron que ‘las expresiones del Fiscal Armendáriz, sobre Carabineros, que se han conocido en el día de hoy, nos parece que ameritan una revisión de quien está a cargo de la causa, para así garantizar la debida imparcialidad'”.
“Estas últimas declaraciones fueron realizadas durante una visita de apoyo de varios senadores al general director en su oficina institucional, con el objeto de brindarle su apoyo con relación a las investigaciones de la fiscalía. Para Amnistía Internacional estos comentarios descalificativos y carentes de sustento alertan sobre la necesidad que existe de proteger y garantizar la labor imparcial y sin injerencias indebidas de los y las fiscales que lideran dicha investigación”, explicitaron.
Por lo mismo, remarcaron que “la independencia y autonomía de las fiscalías se encuentra enmarcada dentro del principio de independencia judicial, tratándose de un principio fundamental y requisito previo imprescindible para un juicio justo, de manera que los Estados deben establecer y mantener tribunales independientes e imparciales”.
En esa línea, señalaron que “los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos han establecido los estándares para garantizar la independencia de los sistemas de justicia. En esta línea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la garantía de la independencia judicial como un derecho humano. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el Estado tiene el deber de investigar las violaciones de derechos humanos no sólo de forma inmediata y exhaustiva, sino también manteniendo la independencia e imparcialidad”.
Mientras en el ámbito internacional apuntaron que “la independencia de los tribunales se encuentra normada en la Constitución Política de la República, y también en el Código Orgánico de Tribunales, donde se establece que el poder judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la independencia y autonomía del Ministerio Público se recoge a nivel constitucional y por ley orgánica constitucional (LOC) estableciendo que los fiscales que tengan a su cargo la investigación la ejercerán de forma independiente y autónoma”.
“Dado el papel que cumplen los y las fiscales en la vigencia del estado de derecho, y especialmente en la responsabilidad adquirida para investigar y perseguir hechos delictivos especialmente cuando éstos constituyen graves violaciones de derechos humanos cometidas posiblemente por altos funcionarios del Estado, resulta importante que el fiscal nacional, Ángel Valencia, como máxima autoridad del Ministerio Público, garantice la autonomía e independencia de los y las fiscales”, emplazaron.
