La Contraloría General de la República negó la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para reconsiderar el sumario administrativo tras las irregularidades detectadas en la entrega de pensiones de gracia.
Según consignó La Tercera, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
Al respecto, Contraloría planteó que son “una reiteración de aquellos contenidos en su respuesta al preinforme de observaciones, los cuales fueron debidamente analizados en el informe final”.
De esta forma, el oficio niega la petición del instituto indicando que Contraloría corroboró que el INDH debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Además, aseguró que el INDH contaba con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
Cabe recordar que en el informe que entregó el ente fiscalizador a la Cámara de Diputadas y Diputados se reveló que 19 expedientes de beneficiarios remitidos por el INDH no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.
