Tras su aprobación en general ayer en la tarde, el Senado siguió hasta anoche con la votación en particular de la ley corta de isapres. Por mayoría, se aprobó una indicación que permitiría a las isapres bajar la deuda de US$1.180 millones a unos US$470 millones. El Gobierno y parlamentarios oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad.
Primero, la Sala del Senado aprobó en general la propuesta con 40 votos a favor, uno en contra y una abstención. Luego, se pasó a su votación en particular hasta su total despacho, lo que se logró cerca de las 22 horas, tras lo cual el proyecto pasó a la Cámara de Diputados. La ley corta seguirá su revisión después del receso legislativo de febrero.
La indicación más polémica fue la mutualización de la deuda de las isapres de unos US$1.100 millones, según el cálculo de la Superintendencia de Salud. Esta enmienda impulsada por la oposición fue aprobada por 23 votos a favor y 20 en contra. De ser aprobada en la Cámara de Diputados permitirá a las isapres prorratear la deuda, es decir dividirla en partes iguales para comenzar su pago en mayo, como establece el fallo de la Corte Suprema.
Concretamente, la indicación establece que “para el cálculo de dicha deuda, cada Isapre deberá calcular para la totalidad de los contratos que cada una administraba al 30 de noviembre de 2022, la diferencia entre el monto efectivamente cobrado y lo que hubiese cobrado si todos sus afiliados y beneficiarios hubieran empleado la Tabla Única de Factores. Dicha diferencia corresponderá el cobro en exceso que realizó cada Isapre. Dicho cobro en exceso, se distribuirá a prorrata entre los afiliados cuyos pagos fueron superiores a los que se hubieran realizado de haberse empleado la Tabla Única”.
Tras ello los senadores Yasna Provoste, Daniel Nuñez y Juan Ignacio Latorre hicieron reserva de constitucionalidad. Este último expresó que “lamentablemente, la derecha regaló un perdonazo a las isapres rebajando la deuda de 1.100 a 470 millones de dólares. Mutualizar la deuda de las isapres, que rebaja y la perdona en varios cientos de millones de dólares, va en contra del fallo de la Corte Suprema y es inadmisible”.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expresó que “vamos a hacer reserva de constitucional de aquellos elementos que eran inadmisibles y que fueron votados; por lo tanto es una primera etapa, estamos satisfechos de lo que hemos logrado”. El Gobierno esperaría a que el proyecto finalice el trámite en la Cámara de Diputados antes de recurrir al Tribunal Constitucional.
La sala del Senado también aprobó la indicación del Gobierno que establece un alza del precio base de los planes: “Las isapres deberán presentar a la Superintendencia, una propuesta fundada de alza de precio base para todos los contratos que administre en un porcentaje o monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”.
Para esta enmienda se pidió votación separada porque senadores oficialistas solicitaron al Ejecutivo establecer un límite claro de esta alza. No obstante, se respaldó la redacción aprobada en la Comisión de Hacienda con 28 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
En cuanto al Fonasa y la continuidad de tratamiento GES de afiliados de las isapres, se aprobó que “a las personas afiliadas y beneficiarias de una Isapre que no haya pagado la totalidad de la deuda informada en su plan de pago y ajustes, el Fondo Nacional de Salud autorizará, a su cargo, la continuidad del otorgamiento de la intervención sanitaria que estuviere en curso, sin necesidad de una nueva confirmación diagnóstica, asignándole un prestador para tales efectos, sin necesidad de una nueva confirmación diagnóstica, asignándole un prestador para tales efectos”.
En el debate se cuestionó el verbo “autorizará” y los senadores solicitaron que se planteara en términos más imperativos como “deberá entregar la continuidad del tratamiento”. Pese a ello se respaldó el texto citado con 38 votos a favor y uno en contra.
