Tras varios días de debate, finalmente el Gobierno optó por llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Esto último, luego de las polémicas declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, quien negó la existencia de la organización criminal conocida como Tren de Aragua.
La decisión fue anunciada por el propio Presidente Gabriel Boric, quien además, afirmó estar preocupado por la falta de cooperación del régimen venezolano, “en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país”.
“En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos, la mayoría es gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias pero también, algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región y Venezuela no está colaborando con los países del sur, cuando sí lo hace con Estados Unidos”, apuntó.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado respecto a la continuidad de un convenio de colaboración policial firmado con Venezuela en enero de este año. En respuesta, la autoridad aseguró que la decisión de llamar a consulta al embajador y este convenio, son temas que corren por carriles separados.
“Tenemos que volvernos a preguntar: ¿Queremos expulsar a los ciudadanos que ingresen de manera irregular? ¿Queremos tener los antecedentes penales para expulsar personas que están en Chile y que son peligrosas? ¿Queremos poder identificar y detener ciudadanos extranjeros que cometen delitos en Chile? (…) Aquí hay objetivos de interés nacional y las relaciones internacionales no están radicadas en un punto tan especifico, sino que tienen que ver con consideraciones mucho más generales”, estimó.
En el Congreso Nacional la determinación del Gobierno fue bien evaluada. El diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, apoyó la medida y de manera similar al Presidente Boric, criticó la poca colaboración del país vecino.
“Esto tenía que responderse enérgicamente (…) Venezuela se ha convertido en un problema para la seguridad de Chile, no acepta los vuelos de repatriación, no acepta entregar información, no firma el convenio que se comprometieron a firmar y es por eso que creo que se ha tomado la decisión correcta”, dijo.
De todas maneras, el parlamentario del PS no se sumó a quienes llaman a un quiebre en las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.
“Creo que eso solo traería problemas a corto plazo. Esto tiene que solucionarse y Venezuela mostrar una disposición a cumplir lo mínimo. Si se llaman República Bolivariana de Venezuela es por tener un espíritu de cooperación en las Américas que no han tenido con Chile”, insistió.
Desde la oposición también se valoró la decisión de llamar a consulta al embajador Gazmuri. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper, señaló que esta acción fue correcta, pero tardía.
“Se lo planteamos ya hace una semana, cuando se suscitó el episodio del teniente Ojeda en un canal colombiano, cuando se ha venido suscitando el verdadero fraude electoral que está llevando adelante el régimen de Maduro. Se necesitó la bochornosa declaración del canciller venezolano diciendo que el Tren de Aragua era un invento para que el Presidente reaccionara”, acusó.
Lautaro Carmona (PC): “Que se llame al embajador es atribución absoluta del Presidente”
Consultado respecto a la determinación del Gobierno, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aseguró que el hecho de que se llame al embajador en Venezuela “es atribución absoluta y exclusiva del Presidente de la República y se ha de suponer que está vinculado a temas de interés para el Gobierno, que el embajador puede ayudar a concretar con información”, expresó.
“Me parece que está dentro de las competencias y de las tareas que son de exclusividad del Gobierno y yo las respeto y espero que eso, el día de mañana, se demuestre que fue una medida muy acertada”, agregó.
El timonel del PC manifestó sus deseos de que estas señales no afecten “lo que es la necesaria cooperación entre Estados para combatir el crimen organizado”. Además, criticó el debate planteado por el canciller Gil.
De todas maneras, Carmona prefirió no referirse a las acusaciones de que habría poca colaboración por parte de Venezuela. “¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los contenidos? No soy ni yo ni varios los encargados de tener dominio sobre el tema. Mi dominio tiene que ser la confianza en el Gobierno, el respeto por las competencias de, sobretodo, el Presidente de la República. No tengo más opinión que dar sobre eso”, concluyó.