Una ola de críticas surgieron en contra del Ministerio Público y la PDI tras la absolución del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en una causa por lavado de activos.

En su veredicto, que fue dado a conocer la mañana del lunes, las tres magistradas que componen el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago acusaron una falta de rigurosidad en el trabajo de los organismos persecutores, cuestión que resonó en los diputados Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC).

En un punto de prensa, los parlamentarios señalaron que hoy existe una grave crisis al interior del Ministerio Público y apuntaron directamente a la figura del fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Ante los ojos de la opinión pública, así como el fiscal (Jorge) Abbot quedó como el fiscal que contribuyó a que la relación entre el negocio y la política no se investigara; pareciera ser que el actual fiscal está por tapar la corrupción en nuestro país y no por investigarla. Creo que tenemos un serio problema al interior de la Fiscalía y principalmente en quién la encabeza”, estimó el diputado Naranjo.

En contraste, su compañero de tienda e integrante de la Comisión de Defensa, Tomás de Rementería, aseguró que aunque hay que revisar la labor que realizó Fiscalía en el caso Fuente-Alba, las críticas al Ministerio Público y al fiscal nacional, Ángel Valencia, han sido destempladas.

“Han habido muchos que han rasgado vestiduras sobre el rol del Ministerio Público, pero acá el Ministerio Público tuvo una causa, jugó sus recursos a una posición y la posición no fue considerada como tal por el tribunal existiendo recursos pendientes”, indicó el también integrante de la Comisión de Defensa, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. 

“Se ha llegado muy lejos decir que acá hay una concomitancia del fiscal nacional. En eso no hay una prueba en absoluto y de hecho, esta causa empezó mucho antes de que Ángel Valencia se convirtiera en fiscal nacional. Yo creo que algunas críticas han sido bastante destempladas, incluso llegando al límite de lo absurdo”, afirmó.

El diputada socialista además recalcó que aún se trata de un proceso en curso, donde la Fiscalía puede pedir la anulación del juicio y que sumado a ello, hay una arista paralela por malversación de fondos públicos en la justicia militar.

“Tenemos que tener claro que las causas contra Fuente-Alba no se han terminado porque él hizo un mal uso de los fondos reservados del Ejército. No se configuró el lavado de activos, que es por lo que fue absuelto, pero hay otros delitos por los que podría ser sancionado aún”, planteó.

Jorge Brito (RD): “La confianza que teníamos en los tribunales se va deteriorando”

Desde el Frente Amplio, el también integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, coincidió en que aún restan instancias para saber qué pasará en el caso de Fuente-Alba, pero al mismo tiempo declaró que “es doloroso ver que el trabajo de años y la confianza que teníamos en los tribunales civiles se va deteriorando producto del fallo que conocimos”.

“Para nosotros es evidente que los gastos reservados de la defensa nacional terminaron siendo mal utilizados y es por eso que confiamos en que se repare y en última instancia, se logre una condena ejecutoria en contra de quienes, teniendo la responsabilidad de proteger a Chile, terminaron robándonos”, añadió.

Por otra parte, respecto al rol que jugó Fiscalía en el proceso de investigación, el diputado Brito afirmó que siguió de cerca las diligencias y “entendíamos que iban bien encaminadas”. “Sin embargo, no sabemos en qué se basó el tribunal para dictar esta sentencia, que insisto, para nosotros es solo transitoria, pues esperamos la definitiva”.

Finalmente, en cuanto a las investigaciones judiciales que actualmente se llevan en contra de otros miembros de las Fuerzas Armas, Brito señaló que “son más de 40 altos oficiales y todos los últimos excomandantes en jefe y sin embargo, cada uno tiene mérito distinto, algunos son por gastos en viajes al extranjero y otros derechamente porque se depositaron dineros en efectivo”, dijo.

“Si tenemos comandantes en jefe susceptibles al poder del dinero, es un problema para el estado de derecho y también para la defensa nacional, así que estamos empecinados en construir un nuevo paradigma entre civiles y militares”, concluyó.