El pasado viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló que existen al menos cuatro alcaldes de la Región Metropolitana que reciben protección policial por amenazas de miembros del crimen organizado.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, cuenta con esa protección desde 2017. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, aseguró que la llamada “narco política”, “implica muchas conductas que no son delitos”. “No es delito sacarte una foto o compartir un asado, jugar a la pelota o incluso ser pareja de un narco”, detalló.

Asimismo, la edil planteó que “lo que se estaba denunciando en Lo Espejo no solo pasa en una comuna en especial, sino que esto también se reproduce en otros lugares y no podemos ponernos una venda”.

“Estas relaciones que son peligrosas con traficantes debieran regularse, hoy día no son delito, no son impedimento tampoco para presentarse de candidato a algún cargo de elección popular. Hoy los sujetos que vienen del escándalo de San Ramón, que trabajaron con tobillera electrónica, uno de ellos me amenazó y hoy día es candidato a alcalde. Lo peor sería que salieran elegidos y en ese caso, creo que es mejor cerrar la puerta por fuera”, dijo.

A juicio de Pizarro, lo importante en este momento es “alejar los vínculos narco de la política, siendo la vía legal la que se utilice”.

“Recordar que Al Capone cayó por el no pago de impuestos y eso también es importante, porque aquí hay lavado de dinero y un lavado de imagen. Estos delincuentes no viven en nuestras poblaciones, viven en grandes mansiones fuera de la comuna y el daño que hacen por recuperar territorio está en nuestra comuna porque contratan soldados, que son los que se disputan los territorios”, acusó.

En esa misma línea, la alcaldesa afirmó que se debe regular el acceso a armas de fuego, para que estas no caigan en manos de narcotraficantes.

“Nosotros estamos hablando de que hay un poder de fuego incluso muchas veces más allá del que tienen las policías. Nosotros hemos visto cómo se incautan armamentos en nuestras poblaciones, esos armamentos son son traídos de Argentina, hay poco control en esa fiscalización. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en poner requisitos aún más grandes o definitivamente no vender municiones a los delincuentes. Ir a comprar municiones es muy fácil”, estimó.

Por otro lado, Pizarro cuestionó las “miles de leyes que apuntan a tener mejor seguridad y están estancadas”, como por ejemplo, la ley anti funerales narco propuesta por el Gobierno.

“Ahí duerme ese proyecto de ley, años, meses y aún no sale, o la restricción de venta de municiones a los delincuentes que ni siquiera es ley. Entonces, ¿me van a decir que eso no es urgente? Yo siento que es urgente construir una cárcel pero no estamos hablando de un tema inmediato, sino de algo que va a suceder en tres años más. Está bien, demos la discusión, pero hoy día la ciudadanía no necesita incertidumbre, necesita urgencia a lo que estamos hablando”, indicó.

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