Luego de dos extensas jornadas de comparecencias y fundamentos, la Sala del Senado decidió aprobar la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por 27 votos a favor (primer capítulo del libelo) provenientes de parlamentarios de derecha, independientes y Demócratas. De esta forma, es el segundo magistrado de la Corte Suprema removido en una semana, luego de que el máximo tribunal destituyera a Ángela Vivanco.

El juez enfrentó el juicio jurídico-político, impulsado por la oposición, acusado por notable abandono de deberes por presuntamente haber entregado información privilegiada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, sobre un fallo respecto a un proyecto inmobiliario, y no haber denunciado cuando ésta trabajó de forma remota desde Italia en pandemia.

Cabe destacar que el libelo estuvo sujeto a un quórum rebajado de 26 a 25 votos tras el permiso constitucional presentado por la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que se encontraría fuera del país (Madrid). Hecho que algunos parlamentarios oficialistas intentaron impugnar para garantizar el rechazo de la AC.

Claves fueron los respaldos entregados por los dos senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, y los independiente Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic y Kenneth Pugh.

En el pleno, los senadores y senadoras tuvieron hasta 10 minutos para fundamentar sus votos respecto a los dos capítulos del libelo correspondientes a Muñoz. En su intervención, Bianchi criticó que el juez “como parte del máximo tribunal tiene la responsabilidad de actuar proactivamente en la defensa del principio de probidad. Esto implica que al detectar irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija en calidad de juez de la República, tiene un deber de denuncia”.

“En este contexto, el acusado no podía menos que saber que su hija, quien vivía con él, estaba ejerciendo labores jurisdiccionales desde Italia violando fragante el deber de residencia consagrado en la ley. Por esto, voy a acoger el capítulo primero y segundo de la acusación presentada en contra del ministro”, esgrimió.

En la derecha, habían dudas respecto a la voluntad del senador RN, Francisco Chahuán, quién ha sido crítico respecto de esta acción política y se había inhabilitado anteriormente considerando que su esposa es jueza de Garantía. No obstante, esta mañana el parlamentario anunció su voto a favor del primer capítulo, pero su voto negativo al segundo apartado.

“Me hice la convicción de que efectivamente se debió conocer antes por parte del ministro Muñoz y falló una causa donde existía un deber evidente de inhabilitarse. Considero ciertamente que este hecho constituye una abierta irregularidad ministerial. Por tanto, respecto del capítulo primero, pudo haber un interés por beneficiar justamente patrimonialmente a su hija. Voy a votar favorablemente el primer capítulo”, señaló.

Sin embargo, Chahuán precisó que “el magistrado Sergio Muñoz no tenía la obligación de denunciar el hecho y, por tanto, creo que respecto del segundo capítulo está acusación constitucional debe ser rechazada“.

En el oficialismo, en tanto, inició la defensa la senadora socialista, Isabel Allende, quién cuestionó las pruebas en que se basó el libelo y defendió la trayectoria de Muñoz: “En un sistema democrático con separación de poderes, el Congreso, especialmente en el Senado, debemos ejercer este mecanismo que nos permite destituir a un juez de la Corte Suprema con prudencia y responsabilidad. El juez Muñoz ha realizado una destacada y extensa carrera al interior del Poder Judicial. No me parece correcto removerlo de su cargo y además prohibirle ejercer cualquier función pública durante cinco años en bases a supuestos, deducciones o hipótesis carentes de toda verosimilitud”.

“Él ha concurrido personalmente y por escrito a cada una de las instancias, tanto de la Comisión como al Congreso, y aclarado bajo juramento que los hechos que se le acusa no son efectivos”, afirmó.