La bancada del Partido Republicano asistió este lunes al Tribunal Constitucional (TC) para ingresar un requerimiento y pedir la destitución de la senadora Isabel Allende (PS). Lo anterior, en el marco de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

El martes 7 de enero el partido de oposición anunció dos acciones en contra de la senadora socialista y la ministra de Defensa, Maya Fernández, hija y nieta del ex líder de la Unidad Popular, respectivamente.

Una de las acciones fue el ingreso de una solicitud para la creación de una Comisión Especial Investigadora. Asimismo, Republicanos reunió las 10 firmas necesarias para un requerimiento constitucional, el que presentaron cerca de las 9 de la mañana de este lunes ante el tribunal, exigiendo que la entidad se pronuncie sobre este asunto.

El documento presentado acusa la vulneración del artículo 60 de la Constitución por el fallido acuerdo comercial del inmueble ubicado en Guardia Vieja 392, Providencia. Según lo que dicta la carta Magna, se “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare contratos con el Estado”.

Senadora Isabel Allende (PS). Foto: ATON.

De esta forma, el jefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez consideró que esta situación es “algo escandaloso porque viola evidentemente y flagrantemente la Constitución“. Además, añadió que como Partido Republicano reunieron “todos estos antecedentes para que resuelvan la cesación en el cargo de la senadora”.

Por su parte, Cristián Araya, subjefe del comité parlamentario, comentó que “afortunadamente una vez más la Constitución les pone freno a los intereses de la extrema izquierda”. “Después de analizar en profundidad jurídicamente todos los antecedentes consideramos que están todos los hechos y los antecedentes de Derecho para lograr esta destitución”, complementó.

Los miembros del Partido Republicano no descartaron una presentación similar en los próximos días en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS). Así lo confirmó el diputado Sánchez, quien comentó que la “normativa constitucional no es idéntica respecto de los ministros de Estado”.

Tribunal Constitucional, Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile

De esa manera, señaló ya existe un equipo jurídico para “iniciar el estudio de todos los antecedentes que puedan permitir la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Fernández”.

Respecto a la situación, el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, manifestó que: “No existe ninguna autoridad de Gobierno, ni diputado de ninguna bancada o senador que hasta el momento haya tenido argumentos para poder defender esta infracción o explicar por qué esto no se trataría de una causal de cesación”.

En tanto, mientras se resuelve la situación de la senadora socialista, los parlamentarios de oposición pidieron que se suspendan sus funciones legislativas. El diputado Araya le pidió que deje de “ejercer sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie“, ya que esto es una “verdadera bofetada a nuestra democracia”.