Continúa la polémica por el recorte presupuestario de más de 7 mil millones al Ministerio Público, que se realizó en el contexto de una rebaja general pactada entre el Gobierno y el Congreso Nacional durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2025.

En respuesta a las críticas de parlamentarios de oposición y de oficialismo, el Gobierno ha recalcado que el acuerdo al que se llegó contemplaba una disminución presupuestaria donde solo se excluyó a las policías, a Gendarmería, al sistema escolar, a los servicios de salud y a las concesiones y subsidios de vivienda.

De todos maneras, este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que durante los próximas días tendrá lugar una reunión con representantes del Ministerio Público. “Vamos a ratificar lo que todo el mundo sabe, que el Gobierno tiene el tema de la lucha contra la delincuencia y el delito como una prioridad absoluta”, subrayó.

El jefe de la billetera fiscal recordó que el Ejecutivo “ha asignado aumentos importantes de recursos para este propósito y algunos de ellos todavía están en el proceso legislativo”. “El mismo Ministerio Público tiene dos proyectos en tramitación que van a incrementar su dotación de personal casi en mil funcionarios”, comentó.

Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sebastian Cisternas/Aton Chile

“El hecho de que haya un ajuste que fue mandatado con este carácter transversal no debe cambiar nuestra visión sobre cuáles son las prioridades”, insistió.

Por otra parte, el secretario de Estado solicitó al mundo político hacer una “reflexión más general”. “Creo que esto es un ejemplo de que la disciplina fiscal no es fácil. En Chile abundan dirigentes políticos que piensan que cortar el gasto es fácil, que se hace de una plumada, que no cuesta nada y que prácticamente el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, agregan poco valor a la gestión pública. Esto lo que demuestra es que no es fácil administrar las finanzas públicas”, enfatizó.

En el Congreso las críticas han continuado. El diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, aseguró que fue el Gobierno el que propuso a la oposición la reducción general de 600 millones de dólares y que el mismo Ejecutivo “nos dejó claramente establecido que era una prerrogativa de ellos establecer cuáles eran los items que se iban a recortar”.

“Por lo tanto, hoy día el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad y el descriterio que ha tenido en rebajar algunas partidas que a nosotros nos parecen fundamentales cómo son el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio Público que lucha contra el delito y el crimen organizado”, afirmó Sauerbaum.

Punto de prensa del diputado Frank Sauerbaum (13/01/24). Sebastian Cisternas/Aton Chile.

El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, fue más allá y acusó que se violó el protocolo de acuerdo: “Porque en materia de salud sí hay una afectación del orden de 16 mil millones de pesos y a eso se agrega que se castiga a tribunales y al Ministerio Público. O sea, áreas como la seguridad y la salud que por definición quedaron al margen de todo daño por la reducción, sí aparecen gravemente afectados”.

A su juicio, “esto es un engaño, aquí no es una interpretación, es una realidad que no se cumplió el compromiso formal, lo que hace tambalear, obviamente, todos los acuerdos que puedan establecerse para adelante con el Ministerio de Hacienda”, advirtió.

En contraste, la diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fries, respaldó la versión del Gobierno y emplazó a la derecha por el rol que jugó durante la discusión de la Ley de Presupuestos.

“Lo primero que cabe señalar es que durante el debate presupuestario la derecha, que es mayoría en el Parlamento, presionó por una rebaja del presupuesto. Esa rebaja la impusieron de manera tal que quedó dentro del proyecto presupuestario como ley (…) Por cierto que no se incluyó al Ministerio Público, lo cual efectivamente pone una limitación al trabajo de persecución penal que hace Fiscalía, pero aquí la responsabilidad inicial la tiene la derecha”, apuntó.

En todo caso, la parlamentaria oficialista también recalcó que “existe la voluntad, no del Gobierno para saltarse la ley, pero sí para encontrar cuáles son las formas de apuntalar el trabajo del Ministerio Público en un contexto en que se requiere, siendo la seguridad uno de los temas prioritarios de la ciudadanía”.