Chile está ante uno de esos momentos en que la historia respira hondo antes de inclinar su curso. Nos encontramos en un momento en el que se marcará la trayectoria vital del país y de varias generaciones. Hoy, esa decisión se encuentra en el escritorio de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, llamada a revisar la legalidad de los contratos que permitirían la ejecución del acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio del Salar de Atacama. No es un trámite. Es el destino del oro blanco chileno; es la llave de nuestra transición energética y el corazón de nuestra soberanía tecnológica para las próximas décadas.

Las cifras hablan más fuerte que cualquier simple discurso: Chile posee más del 30% de las reservas mundiales de litio. Es un recurso esencial para las baterías que mueven la electromovilidad, para los sistemas de almacenamiento energético que sostendrán las redes renovables, para la inteligencia artificial, para el uso satelital y para el desarrollo de tecnologías limpias. Y nos encontramos en una época marcada por las disputas entre potencias por minerales críticos, el litio no es solo un negocio: es un vector geopolítico.

Por eso es gravísimo que el gobierno saliente haya firmado un acuerdo que compromete este recurso hasta el año 2060, entregando el 49,9% de las reservas del Salar de Atacama a una empresa privada, sin licitación, sin competencia internacional, sin un proceso transparente, sin asegurar transferencia tecnológica ni industrialización nacional y mucho menos considerar la posibilidad de que el Estado explote el 100% de las reservas y reciba también el 100% de los ingresos. Considerando esto, el pacto reproduce el viejo patrón extractivista: exportar barato lo que vale caro, para luego importar a precios exorbitantes lo que podríamos producir en Chile.

Una privatización encubierta: riqueza para unos pocos, desarrollo para nadie

El acuerdo Codelco-SQM implica una pérdida superior a los 20 mil millones de dólares solo por la posibilidad de firmarlo, y pérdidas potenciales, dependiendo del precio internacional del litio, que oscilan entre 46 mil y 360 mil millones de dólares. Para comprender la magnitud: esas cifras permitirían financiar un sistema nacional de cuidados, hospitales en todas las regiones, un sistema de seguridad nacional con altos niveles de uso de tecnologías de prevención de delitos, modernización de la infraestructura de las universidades públicas y los colegios, un plan nacional de industrialización y pensiones altas garantizadas.

Pero una vez más, la historia parece repetirse: riqueza para un grupo económico y desigualdad para el país ¿El litio es el nuevo capítulo de la larga saga chilena donde las rentas del Estado migran hacia intereses privados a través de mecanismos ilegales y que se sostienen en base a la corrupción?

El rol histórico de la Contraloría: detener el daño antes de que sea irreversible

El punto crucial y oculto para la población y para la élite política es que el acuerdo es ilegal. El litio es un bien inalienable, imprescriptible y no concesible, reservado al Estado por el Decreto Ley Nº 2.886 y la Constitución. Ni Codelco ni Corfo tienen atribuciones para comprometer pertenencias mineras a favor de un privado; menos aún para anticipar una cesión que involucra décadas de explotación y miles de millones de dólares de patrimonio público a una empresa que financió ilegalmente a la política, SQM.

Asignar el litio mediante Contratos Especiales de Operación es ilegal porque el litio no es simplemente una “sustancia no concesible”: está constitucionalmente reservado al Estado por el Decreto Ley 2.886 de 1979, que tiene rango constitucional y nunca fue derogado.

Esa reserva implica que el litio es un bien público estratégico cuyo aprovechamiento solo puede ser entregado a privados mediante una ley expresa, tal como exige el artículo 63 N°10 de la Constitución, norma que regula la enajenación, arriendo o concesión de bienes del Estado.

Ninguna ley posterior autorizó al Ministerio de Minería a entregar derechos de explotación a privados; el DFL 302 solo permite celebrar contratos de servicio de exploración para los hidrocarburos, no se permiten concesiones encubiertas. Por tanto, los CEOL usados para transferir explotación del litio se apoyan en una interpretación errónea del artículo 19 N°24, porque ese artículo no puede sobrepasar la reserva constitucional establecida en el DL 2.886.

En consecuencia, asignar litio mediante CEOL vulnera la jerarquía normativa, el dominio público estatal y el mandato constitucional que exige una ley formal para entregar bienes estratégicos a privados.

La Contraloría tiene la potestad y la responsabilidad institucional y jurídica de frenar un acto administrativo que vulnera principios fundamentales: legalidad, probidad, resguardo patrimonial y soberanía sobre bienes naturales estratégicos.

Una oportunidad para cambiar el rumbo

El litio puede ser el punto de inflexión para construir un modelo de desarrollo que Chile nunca ha tenido: productivo, tecnológico, soberano, ecológicamente responsable y con justicia social. Pero eso solo será posible si la explotación se realiza bajo control estatal, con participación minoritaria de privados, con licitación transparente que incluya tecnología de extracción directa que reduzca los impactos ambientales y con encadenamientos tecnológicos que agreguen valor dentro del país. O bien con un Estado que se asuma y explote el 100% de las reservas del salar de Atacama.

La ciudadanía se ha organizado y ha entregado una carta a la Contralora solicitando que se abstenga de tomar razón de los contratos TARAR–SQM. La firmaron economistas, historiadoras, científicas, comunidades indígenas, dirigentes sociales, pensionados, juristas, artistas, trabajadoras y múltiples voces del Chile profundo. La carta que entregamos a la Contralora tiene el propósito de defender el patrimonio de Chile, pues Chile necesita recursos para financiar el progreso.