Después de que se presentara la Acusación Constitucional contra el titular de Educación, Harald Beyer, bajo el argumento de “notable abandono de deberes” en cuanto a la regulación del lucro en las universidades, surgen voces de distintos sectores que consideran esta medida como “un error político”.

Esto porque pondría a la misma Concertación en el banquillo de los acusados por los veinte años de inacción frente al tema, como apuntó el titular del Interior, Andrés Chadwick y otros ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, quienes brindaron su respaldo a Beyer.

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, afirmó que “la Concertación miró y actuó pasivamente” y recordó que “muchos de sus propios militantes son dueños de las universidades”. En tanto, la vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, insinuó que se quería “proteger” a alguien, ya que aquí se estaba buscando que el secretario de Estado no continuara fiscalizando.

Al mismo tiempo, desde el conglomerado opositor,  el presidente del PPD,  senador Jaime Quintana, afirmó que la acusación tenía “algo de hipócrita” y que no contaba con la convicción de que procediera, menos cuando, por sorteo, quedaron como encargados de elaborar el informe previo a la votación tres diputados de la UDI y dos de la Democracia Cristiana.

Desde el mismo partido, el diputado Pepe Auth continuó el mea culpa: “Al menos los últimos ministros precedentes, tanto de la administración de Piñera como la pasada, pudieron ser acusados por la misma razón y esa es una autocrítica que hay que reconocer. El lucro se hizo evidente de una manera obscena cuando comenzaron las transacciones de universidades y los propietarios originales se llevaron en el bolsillo una marraqueta bien jugosa. Obviamente uno no vende por ese precio entidades que no tienen fines de lucro”, dijo Auth.

El parlamentario añadió que la unanimidad social del rechazo al lucro se ha ido gestando en los últimos años, pero “lo que no se hizo antes no puede ser justificación para no hacerlo ahora”.

Por lo mismo sostuvo que va a votar la medida a favor, ya que presenta poderosos argumentos, corroborados por destacados juristas contra Beyer, como la falta a la probidad, de control jerárquico y de fiscalización, como establece el mismo texto del libelo.

Por su parte, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, calificó como “impertinentes” los dichos del senador Quintana y llamó a ordenar las filas.  “Si la acusación prospera en la Cámara va a ir al Senado, que actúa como jurado y que uno de estos eventuales jurados se pronuncie a priori sin conocer la investigación, es impertinente”, dijo.

Andrade hizo además instó al conglomerado a la calma y afirmó que “se ha hecho una denuncia y hay algunos parlamentarios que estiman que efectivamente ha habido un incumplimiento de las  normas legales y de probidad. La Cámara realizará una investigación que concluirá con informe, el cual se votará oportunamente y no veo razón alguna para hacer prejuicios”.

Respecto de la “autocrítica” de su sector, el legislador afirmó que “aquí nadie es inmune. Si hay que ver responsabilidades anteriores, se verán y que se investigarán. De ahí se determinará y si hay que pedir disculpas o perdón, se hará. Eso no significa un menosprecio para nadie, pero tampoco implica que si hay responsabilidades ahora no se investiguen”.

En tanto, el jefe de la bancada del PPD, Marco Antonio Núñez, ratificó que ellos tienen “un acuerdo de nuestra comisión política y de nuestra mesa directiva de avanzar en esta acusación constitucional”.

Frente a este debate, algunos parlamentarios independientes han optado por mantenerse al margen. El diputado Miodrag Marinovic ha sostenido que: si esto es “una cuestión para hacer un circo político” prefiere simplemente “no prestarse”.

Oficialismo alineado

Harald Beyer, por su parte, ha sostenido que esto es “sólo un proyecto político” y que “carece de fundamentos jurídicos”. Y precisamente esa sería la postura que adoptó el oficialismo y que habría surgido del comité político ampliado que se realizó este miércoles.

En esa línea, la diputada UDI, Mónica Zalaquet, se mostró molesta con la decisión ya que, según ella, se está juzgando a un secretario de Estado que ha sostenido una serie de medidas activas para enfrentar el problema.

“Me imagino que quienes presentaron la acusación están conscientes que cambiar ministros no soluciona el problema de la educación en Chile. Tenemos que erradicar aquellas malas prácticas que se han instaurado y que fueron creciendo hace años. ¿Por qué universidades como la del Mar crecen explosivamente? Precisamente porque las acreditaciones se daban sin exigir el cumplimiento de estándares y porque no había una buena fiscalización. Se les prometía a los alumnos y a las familias chilenas cosas que no se estaban entregando”, comentó.

Así, la Acusación Constitucional destapa un caldero de temas pendientes, donde ambos conglomerados asumen responsabilidades en haber mantenido por años un modelo educativo que profundiza las desigualdades.

El camino de la acusación

Debido al empate de fuerzas, se espera que sean la Democracia Cristiana y los independientes sean quienes sellen el futuro de la acusación. Pero, ¿Qué ocurrirá finalmente y en cuánto tiempo? Según el protocolo se le da al ministro un plazo de diez días para responder. Luego la comisión revisora tiene seis días para elaborar un informe el que, si bien no es vinculante, es necesario para la certificación del proceso.

Sólo allí se procederá a votar, lo que no ocurrirá antes de la segunda semana de abril, momento en que se conocerán los resultados de la segunda iniciativa de este tipo que ha encabezado la oposición en el  periodo de  Sebastián Piñera, después de que la acusación contra el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no prosperara.