La Corte Suprema anunció que los jueces a cargo de casos por violaciones a los Derechos Humanos contarán con “dedicación exclusiva” a sus investigaciones y se reforzará el poder judicial para reemplazarlos.

Así lo aseguró en rueda de prensa el portavoz de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. “Se van a nombrar ministros suplentes para que los reemplacen y la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa”, agregó.

Cabe recordar que la Corte Suprema reconoció la semana pasada sus omisiones en la protección de las víctimas de la dictadura militar. Más de cinco mil recursos de amparo por desapariciones o detenciones ilegales fueron rechazados por los tribunales durante la dictadura.

Hoy, permanecen abiertas unas 1.300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 agentes civiles y militares procesados o condenados. De ellos, unos 70 cumplen penas de cárcel, casi todos en recintos militares especiales.

Abogados piden aumentar jueces con dedicación exclusiva para casos de DDHH

El pleno de la Corte Suprema acordó dar dedicación exclusiva a jueces que investigan casos de violación a los Derechos Humanos, determinación que según académicos, abogados en la materia y agrupaciones debiese derivar en un mejor desempeño de los magistrados.

La decisión se tomó luego de la declaración que el máximo tribunal emitió la semana pasada, en la que reconoció  omisiones y “graves acciones” durante la dictadura.

El vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, dará a conocer la decisión oficialmente y entregará detalles este viernes, pero anticipó que “debemos hacer carne lo que manifestamos en la declaración del viernes último”.

En la Corte de Apelaciones de Santiago son siete los jueces en calidad de ministros en visita que investigan causas por violaciones a los DD.HH. Por esto, lo más celebrado de la determinación es que se podrá avanzar mucho más rápido en dichos procesos.

Según el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y experto en DD.HH., Alberto Coddou, son varias las dificultades que han enfrentado estos magistrados: “Es bastante difícil generar una dilación en el ejercicio de la función jurisdiccional, puesto que existen problemas con la edad de los imputados o procesados y con la desaparición de las evidencias y pruebas. Esto ha generado un cuello de botella tanto en las cortes de Apelaciones como en la Suprema. De hecho, en los últimos años hubo solamente cuatro sentencias definitivas de la Corte Suprema”, subrayó.

La noticia es considerada como positiva, pero según el abogado Nelson Caucoto, sigue siendo insuficiente el número de jueces y ministros en estas causas: “Lo que importa es que podamos poblar el país con jueces con dedicación exclusiva. Se le está dando la calidad de jueces con dedicación exclusiva a los que están actualmente, pero creo que la idea es aumentar los jueces con dedicación exclusiva para copar todas las causas que existan y las que haya que reabrir. Me parece una buena medida de la Corte Suprema para que no tengan que integrar sala y puedan preocuparse de esos procesos, pero igual es insuficiente el número de ministros que llevan estas causas. Hay que ampliar ese número”, afirmó.

Desde las organizaciones de DD.HH., la noticia fue celebrada por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien dijo que “algo está pasando en este país, que ha removido conciencias, culpas, vergüenzas”.

Sin embargo, la dirigenta señaló que esto debe llamar a la revelación de nuevos datos y nombres en la materia por parte de militares y civiles vinculados con la dictadura: “Así como ya reaccionó el Poder Judicial, que el Ejército de Chile, verdugo de su pueblo, rompa el pacto de silencio y entregue información. Los civiles, como Alberto Cardemil y Jovino Novoa, tienen información como ex ministros y también tienen que entregar su aporte para que haya verdad, justicia plena y rescate de la memoria, para así empezar una sociedad más igualitaria y justa para todos los chilenos”, dijo.

La medida de la Suprema podría considerar la apertura de nuevas causas, además de las más de 1.300 ya abiertas, por lo que los distintos sectores destacan la necesidad de sumar magistrados con dedicación exclusiva y en visita. Además, piden que la Brigada de DD.HH. de la PDI y el Programa de DD.HH. del ministerio del Interior cuenten con mayores recursos para dirigir las investigaciones y las presentaciones de querellas.