Es una noche de septiembre y un joven es detenido por Carabineros. Después de días de no llegar a su casa, la familia comienza a buscarlo hasta que finalmente llegan a la comisaría en donde el funcionario encargado les comenta que jamás se realizó la detención de esa persona y que Carabineros no tuvo contacto con el joven, desconociendo su participación en su desaparición.

Esta es la estructura de los hechos del primer detenido desaparecido en democracia en el país, José Huenante. Tenía 16 años cuando fue detenido por Carabineros, el 3 de septiembre de 2005 en Puerto Montt.

José estaba bebiendo junto a otros jóvenes en la población Mirasol, cuando llegaron varias patrullas a realizar una redada. En ese momento, el joven fue detenido por dos agentes del Estado y desde ahí se desconoce su paradero.

Si bien la denuncia que se realizó, en un principio, fue de posible desgracia -ya que los uniformados negaron haberlo detenido-, después la investigación derivó en la formalización de tres carabineros por delito de secuestro de menores.

10 años más tarde, la historia se vuelve a repetir.

En la población La Tortuga de Alto Hospicio, Región de Tarapacá, José Vergara vivía con su padre y la pareja de éste.

En su adolescencia, el “Pelayo” como le decían sus cercanos, fue diagnosticado con esquizofrenia. A pesar del tratamiento que recibía en el Centro de Salud Mental, mientras José crecía, sus crisis se volvieron más violentas por lo que se debió pedir ayuda de Carabineros para controlarlo.

Cinco procedimientos exitosos que se vieron empañados por lo que sucedió el día 13 de septiembre de 2015, cuando José Vergara fue detenido por Carabineros y nunca más regresó.

Como en una conducta casi institucionalizada, Carabineros –igual que en el caso de José Huenante-, negó haber tomado detenido al joven. Cuestión que tuvo que desmentir cuando uno de los ex uniformados involucrados confesó que dejaron a Vergara abandonado en el kilómetro 6 de la ruta A-414 que lleva a Caleta Buena.

Dos historias que, a pesar de la distancia y el tiempo, tienen un factor en común: ambos jóvenes eran marginados por la sociedad. Si bien en el caso de José Vergara, su enfermedad mental lo ponía en una categoría diferente, para José Huenante el hecho de ser mapuche y pobre hizo que recién en 2009 el caso saliera a la luz, después de 4 años de desaparecido.

Para el periodista y autor del libro “La vida breve de José Huenante. Historia del primer detenido desaparecido en democracia”, Nicolás Binder, el factor socioeconómico y étnico determinó la agilidad en las diligencias en la investigación del joven.

“Es impresionante el contraste brutal entre cómo se investiga la desaparición de una persona con plata y de una persona pobre y marginada. Recuerdo que cuando estaba recopilando información sobre el caso de este chico, apareció el caso de un joven llamado Carlos Millán que desapareció en Valdivia un mes después que José Huenante. Un chico universitario que tuvo el respaldo en su búsqueda de su familia, de su federación de estudiantes hasta del rector de su universidad. Como si fuera poco, diputados de la provincia se plegaron a la búsqueda también. A la tercera semana de desaparecido, la familia Millán se reunió con el Presidente de esa época, Ricardo Lagos. Mientras que en el caso de José Huenante no habían reuniones, ni prensa y tampoco diputados reclamando agilizar la investigación”.

Por otro lado, el abogado querellante en la desaparición del joven de Alto Hospicio, Enzo Morales, sostiene que hay discriminación y mucho prejuicio por la condición mental de José Vergara: “Algunas personas se referían a él como un joven enfermo que no valía la pena buscarlo. Además, su papá es albañil, José tiene tres hermanas y 12 sobrinos. Todas personas comunes y corrientes y trabajadoras: en ese sentido, ellos son permanentemente discriminados por el gobierno regional y en particular por la Intendenta Claudia Rojas, que nunca los ha escuchado. Si fuera un hijo de una persona con influencia política o de buen status económico, estarían buscando con mayor esmero”.

Desaparición forzada

En 2006, Chile adscribió al Convenio de la ONU sobre Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el acuerdo, el país se compromete a castigar las prácticas de arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que fueran obra de agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

A partir de este convenio, y diez años después de la desaparición de José Huenante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt por la desaparición forzada del joven que fue declarada admisible en enero de 2016.

Al otro extremo de Chile, en la Región de Tarapacá, los abogados querellantes en el caso de José Antonio Vergara interpusieron una demanda por secuestro calificado y también por la desaparición forzada del joven nortino, investigación que tiene fecha de cierre para el próximo 9 de agosto.

Sin embargo, ambos casos tuvieron que pasar primero por la Justicia Militar, nuevamente puesta en tela de juicio por su accionar y la poca objetividad en la diligencia.

Pactos de silencio

En un informe publicado en 2016 por Amnistía Internacional, la organización llamaba a las autoridades a tomar medidas para garantizar, entre otras cosas, que todas las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional, presuntamente cometidos por las fuerzas seguridad, fueran investigadas de manera independiente y juzgadas ante tribunales ordinarios.

En este mismo documento, se exponía la desaparición de José Huenante como un ejemplo de que la regulación de la jurisdicción militar en Chile “ha llevado a que casos de violaciones a derechos humanos permanezcan en un limbo jurídico, lo que permite la dilación en la administración de justicia y, eventualmente, podrían llevar a la impunidad”.

En un principio, la familia Huenante presentó la denuncia por presunta desgracia por lo que el Ministerio Público comenzó la indagatoria. En el transcurso del proceso y después de conocerse nuevos informes que apuntaban a tres carabineros responsables de alterar el libro de detenidos y el libro de kilometraje de la patrulla, el fiscal presentó una acusación de detención ilegal.

Sin embargo, a fines de 2009, y posterior a la apelación de la defensa, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt remitió el caso a la jurisdicción militar al considerar que los supuestos delitos habían sido cometidos por personal policial en acto de servicio. En paralelo, la Fiscalía Nacional mantuvo la investigación en el marco de la denuncia por presunta desgracia, siendo seis años después investigado el caso –a pedido del INDH-, en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt por desaparición forzada.

No fue diferente en el caso del joven nortino. El 1 de octubre del 2015, la familia Vergara se hizo parte del proceso en la Fiscalía Militar donde inicialmente comenzaron las investigaciones. En este trámite, la justicia castrense sólo procesó a los carabineros implicados por detención ilegal y falsificación.

Si bien se lleva un proceso en paralelo con el Ministerio Público, los familiares piden con urgencia que las indagaciones se realicen de manera más rápida.

La tarde del miércoles, Juan y Alicia Vergara, familiares del joven se reunieron con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para agilizar la investigación.

En la oportunidad, las autoridades se comprometieron a revisar el caso para reiterar, de ser necesario, diligencias como las realizadas en el marco del proceso en Fiscalía Militar donde inicialmente estaba remitido.

El abogado querellante, Enzo Morales recalca que se debe designar un fiscal exclusivo para la investigación de la desaparición, además de ampliar la investigación durante todo el tiempo necesario para conocer dónde está José Vergara. “Mientras no se conozca su paradero, vivo o muerto, esta es una desaparición forzada de persona que constituye una violación de derechos humanos y que hace responsable al Estado de Chile”.

“No queremos que pase lo de José Huenante, que hace 10 años desapareció y que hasta el día de hoy no aparece su cuerpo. En ese caso, los carabineros fueron juzgados por la Justicia Militar y fueron sobreseídos, volviendo a su trabajo de funcionarios públicos”, concluyó el abogado.