Diversas organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y de la Comisión Chilena Pro-derechos Juveniles (Codeju), emplazaron a los parlamentarios de oposición para que voten a favor de la acusación constitucional que se realiza contra tres magistrados de la Corte Suprema por otorgar libertad condicional a siete reclusos del penal de Punta Peuco.

La acción va dirigida hacia el actuar de Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, en un libelo que tiene dos capítulos. El primero, acerca de la falta de control de la convencionalidad que deben tener los jueces, mientras que el segundo se refiere a la entrega de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad “sin los requisitos que establecen los organismos internacionales”.

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, calificó como falso el argumento esgrimido por los abogados de los magistrados en la comisión ad-hoc que analiza la acusación, sobre la dualidad de criterios que existe frente a fallos cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

“El argumento de decir ‘lo que pasa es que nosotros no podemos fallar porque no existen antecedentes sobre este tema en la legislación nacional, es baladí’, es falso, no tiene ninguna base jurídica, porque precisamente toda la normativa internacional en base a los Derechos Humanos que ha sido suscrita y ratificada por el Estado de Chile, señala no solamente en sus disposiciones un criterio, sino que además el conjunto de principios que conforman esa normativa establece que en primer lugar, el objeto de protección debe ser siempre familiares y víctimas, resguardando debidamente el derecho a la Justicia”, afirmó.

En los últimos días, algunos diputados de oposición han puesto en duda su apoyo a la acción parlamentaria, que de ser aprobada, suspendería de forma inmediata a los tres jueces cuestionados por otorgar beneficios carcelarios a siete reclusos del Penal de Punta Peuco.

El presidente de la Comisión Chilena Pro-derechos Juveniles (Codeju), Matías Cárdenas, emplazó directamente a los legisladores de la Democracia Cristiana a que voten a favor de la acusación constitucional.

“Emplazar a los parlamentarios de oposición, especialmente a algunos que fueron militantes de la Codeju hace 30 o 40 años atrás, quienes tienen familiares, amigos, que fueron asesinados, ejecutados, a los que hoy día podrían darle la espalda manteniendo esta reproducción de la impunidad que se está generando desde el Gobierno y de algunos sectores oficialistas. La Democracia Cristiana no puede abandonar a sus familiares, a sus amigos, que fueron parte de estas agrupaciones y que hoy merecen justicia”, argumentó.

Ante la posible ausencia de diputados para la votación que originalmente debía ser efectiva el viernes, la comisión ad-hoc que revisa el libelo resolvió que, eventualmente, este jueves durante la tarde, se concretaría la decisión del pleno.

El presidente de la instancia, el diputado socialista Leonardo Soto, indicó que la delegación votará la mañana de este jueves la admisibilidad de la acusación. Precisó que emitirá su informe a eso del mediodía, por lo que en Sala podría votarse durante la tarde.

“El día de la acusación constitucional, las defensas van a interponer lo que se conoce como la cuestión previa, una especie de defensa donde se impugna la acusación, señalando que no cumple los requisitos mínimos que establece la Ley y la Constitución y, al final de ello, se va a votar. En caso que se apruebe la cuestión previa, el proceso se dará por terminado”, subrayó.

Tanto la cuestión previa como el fondo requieren mayoría simple para prosperar, y la oposición, incluyendo al Frente Amplio, cuenta con 83 votos. Si hoy día están todos los legisladores presentes en la Sala, los acusadores necesitarán 78 votos.

En el PPD sí existiría consenso para apoyar la acusación, así lo confirmó su presidente Heraldo Muñoz. Lo mismo ocurriría con los partidos Socialista, Comunista y los parlamentarios que conforman el Frente Amplio.

Los diputados DC podrían votar a favor de la cuestión previa y los radicales vienen manifestando sus dudas desde hace semanas, por lo que el futuro de la acción parlamentaria contra los jueces aún es incierta.