Seis recursos de protección fueron interpuestos por la trasnacional Walmart, este lunes, en contra del Estado de Chile. Esto, debido a lo que consideran ha sido un incumplimiento respecto de “garantizar el orden público y la seguridad pública interior”.

Así lo aseguraron en un documento interpuesto con la firma del abogado Christian Fox Igualt y en el que se destaca que, desde el inicio de las manifestaciones sociales en el país, de los 384 locales que Walmart tiene en Chile, 105 fueron cerrados por haber sufrido algún daño o por no contar con las medidas de seguridad garantizadas.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el presidente del Sindicato de Walmart, Juan Moreno, se pronunció sobre la posición del gremio respecto de esta medida, la cual aseguró, tiene también un especial enfoque en el factor humano.

“El recurso de protección tiene que vincularse con esto y, además, con los clientes. Nosotros esperamos que el Estado ofrezca garantías para que las personas que trabajan puedan desplazarse y laborar en tranquilidad, no en angustia o incertidumbre sobre en qué momento va a entrar una turba a saquear”, enfatizó el dirigente.

Juan Moreno.

Según los recursos interpuestos por Walmart, la crisis vivida en el país ha puesto en riesgo, incluso, a algunos puestos de trabajo, algo que también fue ratificado por Moreno. Él mismo aseguró que fueron 4700 trabajadores los que tuvieron que ser reubicados y por los que el sindicato negoció para mantener, al menos, sus rentas fijas.

Pero, ¿qué nos dice esta medida sobre las ineficiencias en materia de seguridad que podría tener el Estado?

En conversación con nuestro medio, el abogado constitucionalista, Mauricio Daza, precisó que aunque se trata de una medida totalmente válida desde la iniciativa privada, no contribuirá a resolver el problema de fondo.

Mauricio Daza.

“Ningún recurso de protección va a resolver lo que es un problema estructural de fondo, que tiene que ver con la mala calidad de nuestras policías y que solamente se va poder resolver a través de un proceso que va a durar un largo tiempo y que en muchos sentidos requiere prácticamente refundar Carabineros de Chile”, criticó.

Según el economista y académico de la Universidad de Chile, José Miguel Ahumada, estos recursos estarían mandando una señal económica respecto de las malas proyecciones e, incluso, una posible recesión para los siguientes meses.

Sin embargo, desde el rol del Estado, Ahumada aseguró que este argumento podría darse la vuelta en contra de la empresa.

“Para que el Estado cumpla su función, que es proteger los derechos de propiedad y el libre comercio, se necesitan recursos. Pero es bien difícil que el Estado pueda ejercer esa protección cuando empresas como Walmart están en un juicio con el Estado por evasión de impuestos por entre 50 y 80 mil millones de pesos”, manifestó el académico.

José Miguel Ahumada.

Se debe recordar, finalmente, que la medida interpuesta por Walmart fue presentada en las cortes de apelaciones de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia, siendo hasta el momento admitida en las tres últimas.