En el Congreso Nacional autoridades de Gobierno reforzaron sus críticas a la aprobación del proyecto alternativo al del Ejecutivo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que mandató a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a los afiliados y devolver los mil 400 millones de dólares que deben por concepto de cobros en exceso.

La iniciativa levantada por parlamentarios de Demócratas y Chile Vamos como una opción a la Ley Corta de La Moneda, fue visada ayer lunes por la comisión de Constitución del Senado por tres votos a favor y dos en contra, suscitando el rechazo del oficialismo.

Tras una sesión en la comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador socialista Juan Luis Castro –quien preside la instancia y votó en contra de la moción en reemplazo de su correligionario, Alfonso de Urresti- señaló que esta “altera el efecto del fallo, porque claramente significa cambiarle las reglas del juego de la constitución de Chile (…) Para que tengamos un ‘gatopardismo’ en materia judicial en Chile”.

En esa línea, el legislador sostuvo que “lo que hace esa moción es habilitar echar mano del precio base, que las isapres reajusten el precio base y con eso se neteen las devoluciones, las rebajas de tarifa y finalmente quedemos en el mismo status quo”, añadiendo que las principales perjudicadas serían las mujeres cotizantes.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, reprochó la actitud de parte de los representantes de la industria en el marco del debate legislativo y los instó a proporcionar propuestas.

“Ellos hicieron una exposición que abundan en los problemas que implica para ellos el fallo, pero no en contribuir a plantear soluciones. También me parece que sería adecuado que si ellos manifiestan que las cifras no son lo que creen, también las plantearan de forma trasparente”, expresó.

Asimismo, explicó que en relación a la Ley Corta del Gobierno “lo que dice la Corte es que la Superintendencia (de Salud) debe definir el modo en el que se da cumplimiento a la sentencia, no el monto, porque el monto está definido por la misma sentencia. Por lo tanto, lo que establece el proyecto es que, considerando lo que establece la sentencia, las isapres tengan un plazo de seis meses para hacer un plan de devoluciones. Si ellos no están de acuerdo con los montos, que presenten cuáles son los cálculos que ellos tienen y que lo hagan ver a la Corte Suprema para ver si acoge el planteamiento que tienen”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, comentó que “es inaceptable que los que originaron este problema pretendan culpar al Gobierno, que es el principal actor que está buscando una solución. Este es un problema que han generado las isapres y el Gobierno lo que está haciendo es buscar una solución a través del proyecto de ley que ha presentado”.

En cuanto al proyecto alternativo de la oposición manifestó que “el problema es que esta reforma hace recaer el peso del cobro excesivo realizado por las isapres precisamente en las personas a las cuales se les cobró en exceso. Por eso no compartimos el sentido de esa reforma constitucional”.

De todas maneras, el secretario de Estado mencionó que al tratarse de una reforma constitucional “requiere para su aprobación un quórum supramayoritario, que son los 4/7 de los representantes de ambas cámaras. Es altamente probable que no tenga el apoyo necesario porque se ha recurrido a una reforma constitucional para evadir el control de admisibilidad que corresponde a un proyecto de ley en una materia de seguridad social”.

“Si sale hoy el proyecto, en septiembre está cerrado el sistema de isapres”

Por su parte, en su intervención en la comisión de Salud del Senado, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, remarcó sus cuestionamientos en torno a la Ley Corta de La Moneda, mencionando que, si se llegara a aprobar, en cuatro meses se sepultaría el sistema.

En ese sentido, afirmó que “si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapres” y agregó que en caso de la industria no pueda seguir operando “las devoluciones pasan a un segundo plano”.

Mientras que al ser consultado por la prensa sobre cuál sería una potencial propuesta del sector, el dirigente evitó profundizar en una fórmula específica, indicando que “lo que tenemos que hacer primero es el trabajo que se está haciendo en la comisión para identificar cómo se entiende el fallo, cuáles son los montos que corresponden tanto en la rebaja como en la devolución y, respecto de esos cálculos, determinar el mecanismo y la forma como se va a cumplir”.