La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes denunció un “trato inhumano y discriminatorio” contra un grupo de 28 extranjeros que estaban varados en la frontera de Chile y Perú a quienes se les obligó a realizar trámites ante la PDI en el paso de Chacalluta y luego enviados al puesto del Ejército durante este lunes 15 de mayo.
Según la entidad, las personas fueron instadas a trasladarse hasta las casetas de la policía en la frontera para efectuar diversas diligencias que se extendieron por todo el día y que concluyeron según afirman a la 1 de la madrugada de este martes 16 de mayo.
“En ese momento se encontraron en la frontera, en completa indefensión, sin posibilidad de traslado hacia la ciudad de Arica ni de conseguir hospedaje. Sin sus pertenencias ni ropa de abrigo, se vieron obligados a desplazarse a pie por la carretera, lugar donde tuvieron que pasar lo que restaba de la noche. Resulta alarmante la ausencia de cualquier contacto institucional para resolver las solicitudes de ayuda, ni desde el albergue municipal ni de la delegación presidencial”, precisan desde la red en un comunicado.
Aún con estas anomalías en el trato del grupo, entre los que se contaban al menos cuatro menores de edad, las autoridades nacionales informaron durante esta jornada que ya no había migrantes esperando en la frontera.
“Vanagloriarse de que en este momento no haya personas varadas en la frontera resulta sencillo cuando la forma de operar es privándoles de toda dignidad y resguardo”, agregan en el documento.
Por eso, desde la red “denunciamos el trato inhumano e insensible que sufrió este grupo de personas. El desalojo abrupto del campamento en el que habían buscado refugio y la imposibilidad de acceder sus pertenencias es una clara violación de sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la propiedad personal y a un trato digno”.
“Hacemos un llamado al gobierno chileno a que asuma su responsabilidad en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente de su estatus migratorio”, apuntó la entidad humanitaria.
Junto con emplazar a las autoridades a generar mecanismos de regularización y otras medidas “que permitan una movilidad segura”, la red expresó su rechazo de “la criminalización de la migración y la utilización de las personas migrantes para fines políticos y electorales. La seguridad y la dignidad humana no pueden ser sacrificadas en nombre de una retórica antiinmigrante que sólo fomenta la discriminación y el miedo”.
