En medio de la crisis que enfrenta la justicia chilena con tres jueces de la Corte Suprema ad portas de ser acusados constitucionalmente y la ministra Ángela Vivanco suspendida de sus labores, distintos actores han relevado la urgencia de generar acciones por parte del Estado -en su conjunto- para superar la crisis que mantiene en ascuas al sistema judicial.
Luego de los últimos antecedentes, el Poder Ejecutivo se comprometió a ingresar durante la primera quincena de octubre una reforma al sistema de nombramientos de los jueces, que estaba siendo trabajada con la alta magistratura. De hecho, la última reunión de coordinación se desarrolló la tarde de este lunes, entre el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
Desde el Gobierno, sin embargo, fue la ministra Carolina Tohá, quién advirtió que “ningún sistema de nombramientos de jueces por sí solo resuelve situaciones de este tipo“, sino que también se hace necesario establecer mayor vigilancia y rendición de cuentas.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Camila Musante (ind-PPD) fue crítica respecto de la poca urgencia por parte del Gobierno en esta materia, calificando incluso como “lenta” su reacción, considerando que ella misma ya había presentando una reforma en este tenor, cuatro meses atrás, previo a que el Ejecutivo incluso propusiera nuevos nombres para asumir en la Corte Suprema.
“Las prioridades se demuestran de una sola manera y es poniéndole urgencia a los proyectos“, subrayó Musante.
En esa línea, la parlamentaria llamó a no desperdiciar esta oportunidad histórica: “Si nosotros no entendemos que acá hay un problema estructural y de fondo, y que eso es precisamente esta reforma al Poder Judicial, estamos perdidos y vamos a perder la oportunidad histórica de reformar al Poder Judicial“.
“Poder realmente garantizar la independencia del Poder Judicial, que no sean los ministros los que tienen que sancionar a otros por mala conducta, que se puedan separar correctamente las funciones administrativas de las judiciales que son dictar sentencia y, además, el tema de los nombramientos es el corazón del caso Hermosilla”, sostuvo.
En la oposición, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunciaron el impulso a una reforma judicial para modificar el sistema de nombramiento de jueces y fortalecer la transparencia en el Poder Judicial. La iniciativa busca establecer un proceso de selección basado en el mérito y la integridad, terminando influencias políticas.
Proponen, de esta forma:
- Eliminar a los ministros ajenos a la carrera judicial.
- Crear un Consejo del Poder Judicial.
La jefa de bancada, Ximena Ossandón, enfatizó que se busca proponer medidas que ayuden a superar la crisis, más allá de los colores políticos: “Queremos, más que dar grandes cuñas o salir solo acusando y apuntando, proponer soluciones y reformas que ayuden a superar esta crisis, y que consisten fundamentalmente en un sistema de designación de jueces independiente, donde el mérito sea lo fundamental”.
Además, el subjefe de bancada de RN, Hugo Rey, hizo un llamado a las autoridades: “Queremos emplazar a la Presidenta de la Cámara de Diputados a que, junto con el Presidente del Senado, convoquen al Presidente Boric a sacar adelante un fast track anticorrupción, donde la piedra angular sea esta u otra iniciativa que introduzca cambios profundos al sistema de designación de jueces. Estamos frente a una crisis de Estado que se enfrenta como tal”.
Revés para el nombramiento de nuevos jueces
Frente a ese escenario de falta de modificaciones al sistema de nombramientos se abre un nuevo flanco, porque senadores como el democratacristiano Iván Flores, manifestaron que las opacidades “no dejan espacio para seguir apoyando al sistema“.
De esta forma, parlamentarios advirtieron que no votarán ningún nombramiento más, en momentos en que el Presidente Gabriel Boric busca sumar respaldos a los nombres de Jessica González y Mireya López para asumir en la Corte Suprema. Nombres que deberían ser ratificados en el Senado durante octubre.
Consultada al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que “los casos de corrupción no pueden paralizar el sistema“.
“Nada contribuiría favorecer una paralización de las capacidades y funcionamientos del Poder Judicial, más cuándo además está siendo capaz de tomar medidas frente a los terribles hechos conocidos por todas y todos”, señaló.
Cabe destacar que desde este martes la Comisión de Constitución de la Cámara Baja comenzará la tramitación de los proyectos sobre reformad al sistema de nombramientos que son de iniciativa parlamentaria, según ratificó su presidente Miguel Ángel Calisto (Demócratas). Esto, pese a las intenciones del Gobierno.