A contar de las 10 horas de hoy, la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por notable abandono de deberes. Dependiendo de lo que se resuelva en las respectivas cuestiones previas, se realizaría una sola votación.

En el caso de la suspendida ministra Vivanco, la acusación se originó tras revelarse su relación con el abogado Luis Hermosilla en el caso Audio, mientras que al ministro Muñoz se le reprocha la entrega de antecedentes a su hija y jueza Graciel Muñoz para la compra de un departamento, en el marco de un litigio por un proyecto habitacional.

Ayer, por cuatro votos a favor y uno en contra, la comisión encargada de revisar la acusación aprobó la procedencia del libelo, y designó a Sofía Cid como la diputada encargada de sostener la acusación ante la sala. De aprobarse, la acusación pasará al Senado, que actuará como jurado.

En la comisión, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, afirmó que de acuerdo al reglamento, la acusación se debe votar como un todo a pesar de estar dirigida contra dos jueces distintos.

Sin embargo, en la cuestión previa la defensa de Muñoz podría plantear un vicio formal y obtener una votación separada que supuestamente lo favorecería por motivos políticos, pero esta posibilidad de dos votaciones se veía improbable.

Las defensas

En el caso de Vivanco, su abogado defensor Cristóbal Osorio asegura que no procede la acusación porque no existen pruebas, se trata de conjeturas de un reportaje y que, por ello, solo corresponde desecharla.

Además, afirma que las imputaciones “nacen a partir de prueba ilícita porque se fundamentan y tienen su origen en una filtración de comunicaciones resguardadas por el Ministerio Público, por lo tanto, no pueden prosperar”. Dicho acto ilegal consistió en una violación del secreto de una investigación penal en curso, sostiene.

En tanto, en el caso de Muñoz, su defensor Jorge Correa Sutil asevera que la acusación se sustenta en el testimonio de oídas e “inverosímil” de una trabajadora dependiente de la inmobiliaria realizada ante notario. También sostiene que la acusación está lejos de tener “consistencia” para imputarle a Muñoz un acto deshonesto.

Enfatiza que no se pueden abandonar deberes inexistentes, ya que el ministro no tiene deber correccional ni disciplinario sobre su hija y jueza Graciel Muñoz, ni siquiera a la Corte Suprema. En su caso era competencia de la Corte de Apelaciones, que sí la ejerció.

Correa Sutil deducirá la denominada cuestión previa si es que a Cámara no separa la votación de la admisibilidad por cada juez acusado, porque a su juicio “es jurídicamente aberrante” y una violación de tratados de derechos humanos, usar este instrumento para juzgar situaciones inconexas.