El reciente y controvertido oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugirió revisar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb, no solo desató una tormenta política que obligó al Gobierno a aclarar que la intención era “reestructurar” y no “descontinuar” el beneficio, sino que también destapó una serie de problemas estructurales y financieros que arrastra el sistema desde hace años.
Según información publicada por El Mercurio, el PAE es, de lejos, el programa más costoso de la Junaeb, demandando US$ 1.332 millones anuales para entregar cerca de cuatro millones de raciones diarias a dos millones de estudiantes a lo largo del país. Sin embargo, la monumental cifra esconde una escalada sostenida: entre 2014 y 2025, el costo del programa se elevó un 60% en términos reales, pasando de $740 mil millones a superar el billón de pesos en la última década.
Este drástico aumento —que no ha sido acompañado por una variación sustancial en el número de beneficiados— se atribuye a factores como el alza en los precios de los alimentos, mayores exigencias sanitarias y nutricionales, y el incremento de los costos laborales.
Un mercado concentrado y con ineficiencias
Un informe de 117 páginas elaborado por la ex-Dipres (bajo la dirección de Javiera Martínez) para evaluar el período 2013-2023, arroja luces sobre las deficiencias del modelo. Si bien el reporte concluye que el PAE cumple su objetivo social, advierte que su diseño operativo presenta profundas debilidades estructurales.
El principal hallazgo es la progresiva concentración de proveedores. Aunque el número de compañías ha fluctuado entre 23 y 28, la competencia real ha decaído dramáticamente: de 35 actores en 2012, cayeron a 23 en 2023. Hoy, solo cinco empresas concentran más del 70% de las raciones adjudicadas, y las diez primeras dominan más del 85% del mercado, en un contexto donde el volumen de licitaciones creció un 117% en el mismo período.
El análisis también detecta “ineficiencias en la adjudicación”, señalando que entre el 40% y el 60% de las ofertas ganadoras corresponden a las más baratas, pero ha aumentado la proporción de asignaciones “no óptimas”. Frente a este escenario, el actual director de Junaeb, Fernando Peña, coincide en que “hay oportunidades de mejora importantes”.
Multas impagas y el “cuello de botella” en la fiscalización
Uno de los puntos más críticos y arrastrados en el tiempo es la gestión de sanciones y el débil control en terreno. Según cifras de la propia Junaeb, el monto acumulado de multas cursadas a las empresas por incumplimientos normativos —y que están pendientes de pago desde 2015— supera los $200 mil millones. Esto equivale a cerca de un quinto del presupuesto anual del programa.
“Las sanciones y las multas no están modificando la conducta de las empresas y tampoco están significando un incremento del presupuesto fiscal”, reconoció Fernando Peña. Para el exministro de Educación, Raúl Figueroa, el sistema es “muy poco eficiente”, ya que las multas “son muy caras y al final nunca se pagan”. Esta ineficacia genera un cuello de botella administrativo: al no resolverse las infracciones, los contratos no se pueden cerrar y las boletas de garantía quedan retenidas.
A esto se suma la precaria capacidad para controlar lo que efectivamente se entrega en las escuelas. La exdirectora de la institución, Camila Rubio, expuso que el programa debe cubrir cerca de 8.000 establecimientos en todo Chile, pero cuentan con apenas 120 supervisores. “Claramente no se llega (…) sin duda se requiere más equipo en el proceso de supervisión”, advirtió. Frente a esta realidad, resuenan las recomendaciones de la Dipres y de comisiones investigadoras pasadas, que instan a revisar la estructura de licitaciones e implementar tecnologías como el control biométrico, un sistema que hasta la fecha sigue estancado en fase de piloto.
