“¿Usted admira a Augusto Pinochet?”, le preguntó Mónica Rincón al diputado Javier Olivares (PDG) en Tolerancia Cero. “Es una muy buena pregunta. Sí, a mí me gustó el gobierno militar”, dijo él. “La Dictadura”, le refrendó Rincón. “Usted dígale como quiera”, le respondió el parlamentario. Olivares se robó portadas por usar la misma capa que el dictador Agusto Pinochet utilizaba en dictadura. Consultado al respecto en conversación con CNN, cuestionó que “si fuera la del general Pinochet, ¿cuál sería el pecado?”.
Cada cierto tiempo reflota el debate sobre qué constituye apología o negacionismo respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura civil militar. En Chile se ha planteado legislar al respecto, sin embargo, sin éxito. “Lo preocupante es que la clase política se haya centrado en los aspectos más grotescos de la puesta en escena del diputado, sin reconocer que hay tras dicha conducta una dimensión simbólica relevante”, afirmó Claudio Nash, doctor en Derecho, académico coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también académico de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano indicó que “esto evidencia que la política en Chile aún carece de un consenso mínimo sobre qué constituye exactamente un cruce de líneas respecto del legado dictatorial. El silencio normalizador de buena parte de la institucionalidad es en sí mismo una respuesta política”.
¿Debería nuestro país avanzar en una legislación que aborde esta materia? ¿Qué sanciones debería considerar? Nash explicó que la experiencia comparada y los estándares del derecho internacional, sugieren que las prohibiciones deben enfocarse en dos aspectos: la apología directa a crímenes de lesa humanidad y la negación o justificación sistemática de violaciones documentadas.
“El sistema es más restrictivo de lo que muchas veces se piensa”, aseguró el profesor. Una apología directa a estos crímenes, no son “solo declaraciones que puedan parecer ofensivas”. La negación o justificación, no es solo “la mera crítica al régimen o expresiones ofensivas genéricas”.
“Al mirar la experiencia comparada en Argentina, España, Alemania, entre otros, nos muestra claramente que las prohibiciones, cuando no van acompañadas de educación cívica profunda, tienden a tener un alcance muy limitado e incluso riesgo de regresiones. Me parece que el caso argentino es el más claro en este sentido. Por lo tanto, más que prohibir, se deben discutir estos temas, recordar lo que ha sucedido y las consecuencias que ha tenido hasta el presente”, analizó el profesor.
En 2020, cuando este tema se discutía en el Congreso, el, en ese entonces, director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales (…) El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”. Agregó que “sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente”.
Claudio Nash aseguró compartir la preocupación de Vivanco. “Él tiene razón en que el instrumento penal no parece el más apropiado en esta discusión. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya que dar una respuesta, ésta puede ser perfectamente, por ejemplo, legislación civil o administrativa sobre apología —no meras ofensas, sino que apología— que permitan una debida salvaguarda contra represalias. Todo ello, por supuesto, combinado con educación obligatoria en materia de derechos humanos, que puede ser una alternativa a la respuesta simplemente penal”, señaló.
“La educación, por supuesto, es un instrumento fundamental para combatir los discursos de odio y el negacionismo. Esto implica políticas de memoria en todo el sistema educacional, desde la educación básica, media y superior, pero, asimismo, también el fortalecimiento de los espacios de memoria como un instrumento de difusión del nunca más y una cultura basada en los derechos humanos. En esta materia, la gran apuesta de la sociedad debería ser, precisamente, mucha más educación sobre derechos humanos, más que la represión”, finalizó Nash.
