Un terremoto político y judicial sacude las esferas de la administración pública en Buenos Aires. El abogado argentino Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT y exdirector del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido formalmente por las fuerzas de seguridad.
El arresto se materializó luego de un sorpresivo operativo donde los peritos policiales incautaron más de dos millones de euros en efectivo y diversos cargamentos de drogas al interior de su residencia privada.
La paradoja del caso radica en que la orden de entrada y registro no apuntaba originalmente a delitos de crimen organizado. La causa madre se originó a raíz de una denuncia del propio gobierno trasandino debido al presunto robo y faltante de activos informáticos y equipamiento tecnológico dentro de la compañía ARSAT. Sin embargo, el hallazgo circunstancial de la millonaria suma de divisas y las sustancias prohibidas obligó a los persecutores a abrir una nueva e impactante línea penal enfocada en los delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico.
A sus 42 años, Leal ostenta una dilatada trayectoria en los puestos de alta dirección del aparato fiscal argentino. Su ascenso institucional se consolidó en el año 2022, oportunidad en la que asumió la presidencia de ARSAT bajo el mandato del expresidente peronista Alberto Fernández. Pese al drástico cambio de signo político y la posterior instalación de la era libertaria en la Casa Rosada, el abogado consiguió asegurar su continuidad en puestos estratégicos.
Durante el año 2025, la administración del presidente Javier Milei lo designó como la máxima autoridad del ORSNA, plaza de confianza gubernamental que ejerció de forma ininterrumpida hasta fines de febrero de 2026, fecha en la que presentó su renuncia formal. Al momento de ejecutarse su detención dominical, Leal aún conservaba un vínculo contractual vigente con el Estado en calidad de empleado permanente de la firma satelital.
Secretos bajo llave: el avance del expediente judicial
La indagatoria quedó radicada de forma preferente en las manos del juez federal Lino Mirabelli. En este escenario, los equipos jurídicos adscritos al tribunal concentrarán sus esfuerzos operativos en resolver diversos flancos delictuales, donde en primer lugar los peritos contables buscarán establecer el origen exacto de los fondos en moneda extranjera incautados en la vivienda.
Asimismo, se realizarán cruces de información para determinar el destino final del dinero y su trazabilidad comercial. Por último, el tribunal indagará la eventual vinculación del imputado con maniobras fraudulentas en torno a contratos y licitaciones de servicios levantadas dentro de la firma de telecomunicaciones del Estado.
Mientras persistan los peritajes de la Policía Federal y las declaraciones de los testigos clave, la justicia determinó que Leal permanecerá recluido en prisión preventiva. Fuentes judiciales ligadas al caso confirmaron que el expediente sumará nuevas aristas de alta complejidad económica y penal, un escenario que amenaza con transformarse en un flanco de duros cuestionamientos cruzados entre los bloques políticos de la oposición y el oficialismo de La Libertad Avanza.
