Un principio básico, de convivencia democrática, es que todas las personas y todas las actividades económicas lícitas deben contribuir al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos. A cambio de ello, el estado nos provee de bienes públicos, tales como educación, salud, infraestructura, seguridad y una amplia gama de políticas públicas que benefician al conjunto de la sociedad. La responsabilidad tributaria es parte de la vida en sociedad y constituye un pilar sobre el cuál construimos nuestra democracia.

Sin embargo, nuestra responsabilidad tributaria no significa desconocer las desigualdades existentes en las capacidades para cumplirlas. Tratar igual a quienes se encuentran en condiciones profundamente distintas puede terminar generando resultados contradictorios. Por ello, la formalización de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) no es sólo una cuestión tributaria, también es un tema de justicia social.

El origen de esta disyuntiva es que a partir de este 1 de julio, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) exigirá que los y las campesinas estén inscritas en el SII para recibir o continuar recibiendo los beneficios de la institución. Lo positivo, es que junto al SII han creado un sistema simplificado, el Registro de Contribuyente de Subsistencia, que permite hacer el trámite sin iniciar actividades y por lo tanto quedar eximido del pago de IVA y del impuesto a la renta. El detalle, es que esto es sólo para productores/as con ingresos inferiores a 5 UTM mensuales, algo así como dos tercios de un sueldo mínimo. Si vendes más, debes iniciar actividades y cumplir con todas las obligaciones tributarias.

En simple, cualquier persona que se autoemplea (trabaja su tierra) y vende lo que produce, debe registrarse ante el SII en alguna de las dos modalidades. Pero si un productor/a de INDAP no se registra, se cerrará el acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la serie de programas y beneficios que ofrece el estado a la pequeña producción. Un gran problema es que esta medida acarrea costos a la agricultura de pequeña escala, debido a las barreras estructurales que enfrentan, las cuales compartimos algunas a continuación.

El difícil acceso y uso de herramientas digitales.  Aunque ha aumentado el acceso a internet, amplias zonas rurales continúan presentando problemas de conectividad, cobertura insuficiente o servicios de baja calidad. A su vez, la población usuaria de INDAP tiene como promedio de edad los 58 años, demostrando ser un sector altamente envejecido, donde la dificultad en el uso de plataformas digitales es una realidad. Si bien el SII ha digitalizado los procesos tributarios, para las personas que no están familiarizadas con estas herramientas, más que generar oportunidades, se exponen las desigualdades existentes.

La brecha educativa. Sin siquiera tocar el tema de la calidad, la brecha educativa urbano-rural es de 4 años de escolaridad. Cuando jóvenes urbanos/as egresan de 4° medio, en los espacios rurales ya la abandonaron hace cuatro años. Y cuando los adultos urbanos que hoy tienen cerca de 60 años abandonaron con 8° básico, las y los rurales sólo llegaron a 4° básico.  Insistimos, no estamos hablando de productores/as que se han insertado en los mercados y desarrollado un poco sus habilidades comerciales. Son quienes venden mucho menos que un ingreso mínimo.

Las desigualdades territoriales. Los servicios de apoyo, la asistencia técnica y las instituciones públicas se concentran en centros urbanos. Ni siquiera Indap, uno de los servicios con mayor presencia nacional, tiene oficina en todas las comunas rurales. Por ello, una campesina o campesino muchas veces deberá recorrer largas distancias para realizar trámites o resolver problemas administrativos.

Reconocer estas barreras no implica sostener que la agricultura campesina deba quedar permanentemente al margen de las obligaciones tributarias. Significa simplemente reconocer que no todos parten desde el mismo punto. Una política pública justa no solo considera el objetivo que persigue, sino también las condiciones de quienes deben cumplirla.

Aquí aparece la cuestión central: la justicia de imponer nuevas obligaciones sin ofrecer beneficios equivalentes a cambio.

Desde la perspectiva del Estado, la formalización puede entenderse como un mecanismo para mejorar el cumplimiento tributario y fortalecer la responsabilidad fiscal. Sin embargo, desde la perspectiva de muchas familias campesinas, la aparición de nuevos requisitos no se traduce en nuevos beneficios.  Cuando el Estado impone nuevas cargas a los grupos más vulnerables, sin algún mecanismo de compensación, surgen políticas regresivas. En este caso una política paradójica. Si te formalizas, debes asumir los costos de haberlo hecho. Si no te formalizas, debes asumir la pérdida de los beneficios que te da el estado.

No cuestionamos el hecho de recaudar y pagar el IVA y el impuesto a la renta. La pregunta es a partir de qué nivel de venta y quién o cómo se define este mínimo. De hecho, a propósito del cumplimiento tributario y la responsabilidad fiscal, otras políticas públicas, algunas actualmente en el debate, tienen una mayor incidencia en la recaudación del fisco.

Tampoco cuestionamos que los beneficios sociales tengan requisitos para una correcta focalización.  Lo que sí cuestionamos es que el registro ante el SII sea un requisito para que los sectores más vulnerables accedan a los programas del estado.