En las últimas semanas, Chile ha sido testigo de un espectáculo político que, más que informar, ha intoxicado el debate público. La filtración ilegal de un preinforme de la Contraloría sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar ha desatado una tormenta mediática que revela las peores prácticas de la política, un racismo institucional mezclado con la Doctrina de Seguridad nacional setentera: la manipulación de la opinión pública, el uso de la migración como arma política y la profunda deshumanización de una comunidad que ya soporta el peso del racismo cotidiano fomentado por los sectores políticos que defienden a los poderosos.
Lo que debió ser un análisis técnico sobre eventuales fallas en los controles migratorios o posteriores seguimientos se transformó, en cuestión de horas, en un carnaval de acusaciones infundadas. Luego la Fiscalía descartaba rápidamente las hipótesis tan descabelladas como el tráfico de órganos o la explotación sexual masiva, los líderes políticos —especialmente los de derecha y ultraderecha— ya habían sembrado la sospecha en el imaginario colectivo. El daño estaba hecho. Pero persistían porque les interesaba culpar al gobierno anterior para justificar sus impopulares propuestas de ley de la mega reforma fiscal que favorece a los más ricos a costa de toda la población trabajadora. Y no es casualidad: la mecánica es conocida. Se filtra un documento preliminar, sin validez legal definitiva, para instalar una narrativa de pánico social antes de que los implicados puedan presentar sus descargos. Es la guerrilla informativa elevada a método de gobierno.
Pero detengámonos en los números reales, esos que el ruido mediático se encargó de ocultar. Se habló de “cientos de niños desaparecidos”, de “400 menores perdidos para el Estado”. La cifra real era 64. De ellos, todas y todos ya fueron localizados, viviendo con sus familias, estudiando como cualquier niño. ¿Dónde está la catástrofe humanitaria que justifica la histeria colectiva sembrada desde los parlamentarios de la ultraderecha? No existe. Lo que existe es una estrategia calculada para re-criminalizar a toda una comunidad a partir de supuestos casos particulares que distan mucho del delito organizado que se quiso instalar.
Nos sorprende la preocupación de los parlamentarios por las niñas y niños, siendo los mismos parlamentarios que hace meses pretendían cambiar el ius solis por ius sanguinis —dejando a niños nacidos en Chile en riesgo de apatridia—, o que pretendían que los niños migrantes no accedieran a la educación en igualdad de condiciones que los nacionales, los que pretendían que los niños fueran denunciados por educadores, personal de salud o funcionarios de cualquier dependencia del estado si sus padres estaban irregularizados o ellos no tenían aun sus documentos. Ahora esos personeros políticos se visten de salvadores, al igual que el presidente Kast que convocó ahora una reunión de “emergencia” con los tres poderes del Estado cuando antes -en campaña electoral- les contaba los días en que iba a expulsar a familias enteras.
La hipocresía es evidente: mientras se busca proyectar control y eficacia, al mismo momento, se utiliza la supuesta crisis como cortina de humo para impulsar una mega reforma económica que generará un déficit fiscal de proporciones. No es casualidad que el foco mediático se desvíe justo cuando se avecinan decisiones económicas que afectarán a millones de chilenos.
Pero el verdadero costo de esta operación no lo pagan los políticos, ni los medios que amplifican el escándalo. Lo pagan los niños y niñas haitianos, sus familias, y la comunidad afrodescendiente en su conjunto. Como bien lo advirtió la directora de CIJYS, Michel Joseph: “Me preocupa que el debate público pueda derivar en estigmatización de la comunidad haitiana o de las familias migrantes afrodescendientes”. Y no es una preocupación menor. Las declaraciones políticas, los operativos de búsqueda y la cobertura sensacionalista han cubierto de un manto de sospecha a personas que solo buscan una vida mejor, que huyen de la pobreza y la inestabilidad, y que encuentran en Chile no un refugio, sino un nuevo espacio de discriminación racista. Todo ello mientras trabajan y generan mucho más que lo que le cuestan al estado. Así es la migración.
Lo más grave es que en todo este circo mediático, nadie consultó a la comunidad haitiana. Sus voces, sus testimonios, su realidad cotidiana quedaron completamente invisibilizadas. Se habla de ellos, pero sin ellos. Se les investiga, se les busca, se les acusa, pero no se les escucha. Esa es la esencia del racismo estructural: convertir a las personas en objetos de política, en cifras de un informe, en sospechosos permanentes, y negarles la condición de sujetos con derechos y dignidad.
El interés superior del niño, niña y adolescente debió ser la brújula de esta discusión. Pero no lo fue. En su lugar, primó el interés político de corto plazo, la guerra de narrativas y la necesidad de algunos sectores de justificar su agenda antiinmigrante con datos preliminares que, convenientemente filtrados, sembraron el pánico. Mientras tanto, la verdadera crisis —la de un sistema migratorio deficiente, la de la falta de políticas de justicia social, combatir el racismo que se reproduce en las aulas, en las calles y en los consultorios— sigue sin ser abordada.
La filtración del preinforme fue, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad; en el peor, un montaje narrativo diseñado para desviar la atención y alimentar el discurso del odio. Pero si algo queda claro es que, como sociedad, no podemos permitir que la manipulación de la opinión pública se convierta en moneda corriente. Ni la migración, ni la infancia, ni la dignidad de las personas (de absolutamente todas las personas) son piezas de un tablero político. Son realidades humanas que exigen verdad, transparencia y, sobre todo, humanidad.
Hoy, más que nunca, debemos exigir que el Estado chileno deje de usar a los niños migrantes como coartada y empiece a protegerlos como lo que son: niños, simplemente niños. Y que la comunidad haitiana deje de ser vista como un problema y sea reconocida como parte de la sociedad. Trabajadores para un futuro común. Una vez aclarado el informe final de Contraloría todos quienes participaron de la construcción del pánico mediático deberían retractarse públicamente y no esconderse en su silencio. Si las palabras de los políticos de ultra derecha valen algo debieran decir la verdad y recordar que con la dignidad de las personas no se juega. Parece iluso pero es igualmente exigible en favor de la dignidad humana y basados en la evidencia.
