Parlamentarios desconfían del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, por no generar certezas en su contenido ni tampoco la seguridad de que efectivamente se inicie en septiembre. A esto se suma la disconformidad de la sociedad civil, postergada en su intento por avanzar en el tema.
Imputados por el Caso Penta, acusados de delitos tributarios y soborno, además de cohecho y lavado de dinero, se mantendrán con la cautelar a la espera del juicio oral.
La parlamentaria PPD, integrante de la Comisión de Trabajo, alude también, en el contexto de la discusión de la Reforma Laboral, a los peligros que representa para los trabajadores una huelga indefinida, así como a las presiones del empresariado.
Desde el Sindicato Unificado de Metro apuntan a salarios adeudados, falta de seguridad e higiene, por lo que advierten sobre nuevas manifestaciones, sin descartar un paro de actividades.
Junto con descartar que el aparato que estalló cerca de la residencia del persecutor de los casos Penta, SQM y Corpesca se relacione con alguno de los investigados, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales se detuvo en los complejos escenarios que deben enfrentar fuera de los Tribunales de Justicia.
Así lo aseguraron desde el Ministerio Público. Sin embargo, entre los querellantes de la sociedad civil preocupa el retraso en la diligencia, recordando las presiones que ya se denunciaron.
La idea de legislar en general continuará con las exposiciones de los restantes senadores, para luego dar paso a la votación. Si bien la iniciativa cuenta con los votos suficientes para su aprobación, las diferencias dentro de la Nueva Mayoría aparecerán al momento de la discusión en particular.
Se trata de la iniciativa que hace posible la reforma constitucional aprobada el año pasado. Desde organizaciones civiles critican cómo se ha dado el proceso y acusan que muchos de los acuerdos entre Gobierno y oposición perjudican instancias que benefician a la ciudadanía.
Por petición de la defensa de Julián Moreno, la nueva instancia quedó fijada para noviembre. Así mismo, se decretó la suspensión condicional para otros cuatro imputados, quienes, entre otros requisitos, deberán cumplir 60 horas de trabajo comunitario.
Para las organizaciones de DD.HH. el nuevo rol de Solís genera pocas expectativas. Desde “actitudes soterradas para buscar los medios de cómo sacarlo de ese puesto”, hasta no entender cuál será su labor, si el ministro Gómez insiste en que las FF. AA. ya entregaron toda la información, son parte de las críticas.
En el marco de la crisis en la salud pública y las transformaciones que se pretenden realizar en la materia, Gobierno, Fonasa, Isapres y Colegio Médico analizaron avances y falencias del sistema.
En quechua significa “aprende y conoce”. Se trata del nombre del primer centro urbano tecnológico y planificado en la región, además del proyecto más ambicioso de los últimos cien años en Ecuador. La iniciativa busca convertir al país en un exportador de conocimiento.
La representante de los pueblos originarios Marcia Nahuelquín asegura que no se ha respetado lo que establece el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a impulsar una consulta indígena cuando existan materias administrativas o legales que les afecten, en circunstancias que más de un cuarto de la población regional pertenece a alguna etnia.
Luego que el gobierno de Barack Obama reanudara las relaciones diplomáticas con Cuba, las dudas surgen sobre cómo se llevará adelante el proceso, considerando que aún se mantiene el bloqueo económico hacia la isla y la presencia estadounidense en Guantánamo.
El anuncio del Gobierno de simplificar el contenido plantea un nuevo escenario, tanto dentro como fuera del Congreso. Las inquietudes también radican respecto de los plazos y la intención por recuperar privilegios perdidos por parte del gran empresariado.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex presidente de la Democracia Cristiana descartó ser quien instala polémicas y conflictos en el oficialismo, aunque no duda en indicar hacia dónde debe seguir la gestión del Gobierno.
En medio de las críticas de las organizaciones respecto del rol que ha jugado el Estado de Chile en materia de reparación y justicia a las víctimas de la dictadura cívico-militar, el ex presidente Ricardo Lagos afirmó que “Chile es el país que más avanzó en la materia”. ¿Es certera esta afirmación? Comparamos el proceso chileno con otros similares en el mundo para tener una idea al respecto.
