El ministro Hernán Crisosto sentenció a 106 hombres y mujeres que formaron parte de las acciones que realizó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el secuestro, desaparición y muerte de 16 personas.
En seis ciudades del país ex prisioneros políticos durante la dictadura cívico-militar ocuparon los edificios del Instituto de Derechos Humanos para reclamar soluciones a sus demandas. Entre ellas está el fin del secreto de 50 años de los nombres de los torturadores establecido por la Comisión Valech, además de dar pensiones dignas. 15 mil personas han muerto esperando respuestas.
En la Corte de Apelaciones de La Serena fue presentada una nueva querella criminal en contra del ex comandante en jefe del Ejército, por el ex militante de la Juventud Socialista Hugo Toledo, quien fue detenido primero en septiembre de 1973 y luego en octubre, siendo trasladado al regimiento Arica de La Serena donde fue sometido a tormentos físicos.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por no responder a la solicitud de indulto presentada por familiares de dos internos del Penal de Punta Peuco.
El defensor público Rodrigo Lillo abordó los derechos al interior de las cárceles para los pueblos originarios. En ese sentido, explicó que “siempre se debe preferir las sanciones que no sean privativas de libertad, por su condición particular, su cosmovisión, por su realidad, contexto, en fin. Esas son algunas de las normas específicas y que evidentemente están absolutamente incumplidas entre nosotros”.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el autor de “Crónica de un aluvión”, Jonás Romero Sánchez, se refirió al impacto de las últimas precipitaciones en el norte del país y a la actuación de las autoridades. “Que muera una persona por un aluvión en Chile, me parece una desidia gigante del Estado”, afirmó.
El documento fue elaborado por el partido verde y la izquierda alemana y ya cuenta con con el respaldo de 91 parlamentarios del Bundestag. La propuesta contempla el desarrollo de un trabajo de investigación y memoria, además de medidas reparatorias para las víctimas.
Así lo anunció el embajador de esa nación en nuestro país, Víctor Manuel Valle Monterrosa, quien participará este martes en una mesa de conversación en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile.
Rubén Collío, el wekén de la comunidad Newen de Tranguil reiteró que la comunera mapuche no se suicidó: “Hay indicios que hacen creer que a ella le quitaron la vida”. Y si bien asegura que no puede culpar a alguien por el hecho, tiene la claridad de que hubo terceros involucrados.
Más de treinta años después que Boris Weisfeiler desapareciera en las cercanías de Colonia Dignidad, su hermana Olga continúa en su lucha por saber la verdad sobre lo que pasó con él, la que ahora se enfoca en evitar el cierre de la investigación sin imputados. “Todos me dicen que hasta cuándo vas a aguantar. No lo sé, por el resto de mi vida, probablemente”, asegura.
Las conclusiones de las que da cuenta el estudio elaborado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) evidencian que existe una tendencia hacia sentirse amenazado por los inmigrante producto de la escasa relación que existe con ellos. Asimismo, la investigación revela que urge un robustecimiento de políticas públicas que faciliten las relaciones cotidianas entre ciudadanos chilenos e inmigrantes peruanos.
A partir de la revelación sobre las millonarias pensiones que reciben los reos de Punta Peuco, tanto organizaciones de derechos humanos como parlamentarios plantearon la necesidad de decretar la degradación de los ex integrantes de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.
La propia secretaria de Estado, Paulina Saball informó la decisión después de reunirse con diputados de la Nueva Mayoría e independiente que habían presentado hace unas semanas un proyecto de resolución para terminar con la medida.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la directora del capítulo chileno se refirió a la gravedad de los hechos, toda vez que esto pueda marcar un precedente para normalizar la violencia contra el pueblo mapuche.
El estudio evidenció además que las personas dejaron de vincular la pobreza a la “flojera”, mientras que consideran que estar en esta situación se trata de una violación de los derechos humanos.
