El presidente de la UDI cuestionó a la fiscal Ximena Chong por citar a declarar a las exautoridades, en el marco de una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en el estallido social.
Entre las víctimas está un familiar del exalcalde y exministro UDI Joaquín Lavín. El máximo tribunal decidió aumentar las penas de dos de los involucrados y confirmó la condena de 20 años contra el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo.
“Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara”, señaló el organismo en un comunicado, echando en falta la “participación de especialistas independientes o de la sociedad civil”.
La directora del INDH consideró que los alcances de la propuesta entrega facultades excesivas a las policías mientras que una eventual víctima del mal uso de estas prerrogativas puede ser fácilmente considerada como delincuente.
“Bajo la inminente ley Naín-Retamal las violaciones de derechos humanos podrían volver a ocurrir con mayor frecuencia y con menos posibilidad de ser sancionados”, señaló Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
La entidad criticó la aprobación de la iniciativa, calificándola como “gatillo fácil” y que otorga potestades sin límite a las policías. Además, recordó la recomendación de la ONU de realizar reformas estructurales en Carabineros.
Junto a la alcaldesa de esa comuna de la Región Metropolitana, Lorena Olavarría, hicieron la donación. “Yo vi cómo tenían a los niños de la universidad apuntados con armas, yo vi eso y por eso bordé”, comenta Elsa Romo.
El Mandatario arribó al memorial donde estaba el Colegio Latinoamericano de Integración. Ahí fueron secuestrados José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes junto a Santiago Nattino fueron asesinados por agentes de la dictadura en 1985.
Manuel Guerrero abordó la realidad social y política del país, desde el estudio plasmado en su reciente publicación “Sociología de la masacre. La producción social de la violencia”, que es un aporte a la discusión y promoción de los DDHH.
Expertos en la materia apuntaron que los dichos de la jefa comunal “no ayudan” a la consolidación de un Estado democrático de derecho y manifestaron su preocupación por la justificación que tendría para algunas autoridades este tipo de atropellos.
La diputada e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja fustigó la forma en que se ha planteado el debate en torno a los temas de seguridad y la supuesta contradicción entre el apoyo a Carabineros y uso debido de la fuerza.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, también se refirió a los proyectos de seguridad que se discuten en el Congreso: “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley”, dijo.
La fiscal Ximena Chong precisó que la “declaración no constituye ningún requisito previo para que se tome ningún tipo de decisión, ni de término, ni tampoco de avanzar en línea de una formalización”.
El director de Amnistía Internacional bordó la declaración ante la justicia que debe dar hoy el general Yáñez, por apremios durante el estallido y precisó que el respeto a los DD.HH. no tiene relación con trabas a los procedimientos policiales.
La persecutora de Alta Complejidad llegará hasta la oficina de Yáñez, ubicada en el centro de Santiago, quien tendrá que dar su testimonio por una de las causas que investiga el delitos de presunta omisión de apremios ilegítimos.
