Luego que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la absolución del fotógrafo Felipe Durán y el comunero Cristián Levinao, el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román señaló que esto es una derrota más para el Estado chileno en territorio mapuche, y si bien aún no han decidido si demandarán al Fisco, no han descartado esta posibilidad.
Querellante en caso Cascadas, calificó como “vergonzosa e inexplicable” la resolución del Tribunal Constitucional que determinó la rebaja de las multas a los implicados. De todas formas desestimó que esto tenga alguna influencia en la arista penal que sigue la Fiscalía.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el actuar del Poder Judicial, principalmente el rol de la Corte de Apelaciones luego de otorgar la libertad condicional Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, aseguró que no se trata de un caso en particular, sino de una operación de defensa para los criminales de la Dictadura.
La solicitud la presentó la defensa del empresario Jorge Lopehandía que reclama ser el dueño legítimo de los terrenos donde se emplazó el proyecto de Barrick Gold. “El señor Lagos dijo que iba a colaborar. Él tuvo cuatro días para comparecer como testigo ante el tribunal y cumplir con lo mandatado por la ley y demostrar esa colaboración y buena fe y no lo hizo”, afirmó el abogado demandante.
En fallo dividido, el Máximo Tribunal sentenció a los coroneles (r) de la FACh Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera a 4 años de prisión efectiva por las torturas en contra del general Alberto Bachelet, que derivaron en su muerte en la Cárcel Pública.
El presidente de la Comisión de Defensa, diputado PPD Jorge Tarud, afirmó que además de cuestionarse en la justicia la adquisición de los helicópteros Black Hawk mediante un proceso secreto, los parlamentarios pedirán información a la Fuerza Aérea.
El ex mandatario deberá declarar en un conflicto que data del año 2001 respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado el proyecto minero de Barrick Gold.
El ex Comandante en Jefe del Ejército decidió no realizar su viaje como “observador” del proceso de paz en Colombia por las críticas que recibió de la ONU y el Ministerio del Interior.
En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz, el fiscal judicial Juan Escobar y el abogado (i) Arturo Prado– acogió la acción cautelar presentada contra el municipio en calidad de sostenedor de la escuela G 269 Icalma.
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia presentado por un grupo de trabajadores del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en la cual denuncian prácticas antisindicales de parte de la entidad bancaria, las cuales fueron acreditadas por la justicia, de acuerdo a este primer fallo.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema acogió un recurso de revisión presentado por el senador de la DC Jorge Lavandero, en el cual solicita que se anule el procedimiento abreviado a través del cual fue condenado en 2005 por abuso sexual de menores por una serie de irregularidades en el proceso judicial, según denuncia el ex parlamentario.
Por carecer “del comportamiento intachable” que exige la ley, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones decidió rechazar la entrega de la libertas condicional al ex brigadier de Ejército y ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, haciendo énfasis en su calidad de “condenado por delitos de lesa humanidad”.
En el marco del reforzamiento del Sistema de Defensa de la Libre Competencia, el presidente del Tribunal encargado de la materia, Enrique Vergara, sostuvo que Chile debe revisar y perfeccionar continuamente sus prácticas para evitar la colusión. Mientras, la Fiscalía Económica trabaja en los desafíos que la nueva ley le impuso.
Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidiera el embargo de todos los productos financieros de la fundación CEMA Chile, institución de la que hasta agosto pasado fue presidenta Lucía Hiriart, el ministro en visita Guillermo de la Barra resolvió aceptar el requerimiento, con lo cual mil 300 millones de pesos serán incautados a la fundación.
Frente al nuevo rechazo de la Corte de Apelaciones, esta vez a la reposición del recurso de protección en contra del fiscal nacional, Jorge Abbott, que presentó el fiscal Emiliano Arias, su abogada reiteró que su representado no ha tenido el debido proceso garantizado como el resto de los ciudadanos, y además no descartó acudir a instancias internacionales de no obtener una sentencia favorable.
