Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidiera el embargo de todos los productos financieros de la fundación CEMA Chile, institución de la que hasta agosto pasado fue presidenta Lucía Hiriart, el ministro en visita Guillermo de la Barra resolvió aceptar el requerimiento, con lo cual mil 300 millones de pesos serán incautados a la fundación.
Frente al nuevo rechazo de la Corte de Apelaciones, esta vez a la reposición del recurso de protección en contra del fiscal nacional, Jorge Abbott, que presentó el fiscal Emiliano Arias, su abogada reiteró que su representado no ha tenido el debido proceso garantizado como el resto de los ciudadanos, y además no descartó acudir a instancias internacionales de no obtener una sentencia favorable.
En definitiva, lo declarado por Arias a la prensa es, simplemente, lo que ha quedado reflejado en resoluciones de Tribunales de Garantía y de la Corte de Apelaciones: que en la tramitación de la Ley de Pesca hubo comisión de delitos, antecedentes que han sido acreditados en el caso del senador de la UDI, actualmente desaforado y formalizado cumpliendo medidas cautelares en su casa tras pasar varias semanas en la cárcel. Siendo así, lo más probable es que el caso de senador no sea el único, lo que cuestiona la legitimidad de origen de dicha legislación, la cual debiese ser anulada por su germen espúreo.
Después de que no se aprobara el proyecto original que permitía que se publicara contenido del informe, este jueves un grupo de diputados liderado por el comunista Hugo Gutiérrez presentó una nueva moción para que los testimonios puedan ser conocidos al menos por la Justicia. En tanto, los diputados Leonardo Soto y Tucapel Jiménez cuestionaron a sus pares que rechazaron la iniciativa, que contrasta con sus permanentes discursos a favor de los Derechos Humanos.
El ex candidato presidencial del PRO no emitió declaraciones frente a la fiscal Ximena Chong, quien investiga las presuntas irregularidades en el uso de un jet privado para su campaña, y que habría sido prestado por empresarios brasileños. Posteriormente en su cuenta de Facebook, MEO sostuvo que existe una campaña de desprestigio en su contra.
La decisión la tomó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, luego de una entrevista que emitió el persecutor donde, supuestamente, “infringió el derecho de reserva”.
Ambos imputados por porte ilegal de armas y explosivos fueron absueltos luego de pasar 10 meses en prisión preventiva.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó rebajar las medidas cautelares para al desaforado senador, quien llevaba 40 días cumpliendo prisión preventiva. El tribunal dejó ahora con arresto domiciliario total al ex militante de la UDI. La Fiscalía anunció que apelará a esta decisión.
El Tribunal de Alzada de Santiago acogió la querella por injurias con publicidad que presentó el empresario Andrónico Luksic y falló a favor del desafuero del diputado Gaspar Rivas. Mientras, el parlamentario aseguró que mantiene cada uno de sus dichos: “Yo le dije al señor Andrónico Luksic con una expresión un poco más dura, pero a la altura de la gravedad que se le indica, que era básicamente una mala persona”.
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que niega el beneficio de la libertad condicional a uno de los autores de los secuestros y homicidios del caso “Degollados”.
Mientras parlamentarios y organizaciones sociales respaldan la tramitación de la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a niños y niñas, algunos expertos han planteado reparos a esta iniciativa ya que generaría una situación excepcional para un delito en particular.
Con la puesta en marcha del control preventivo de identidad surgen dudas respecto de qué tan expuestos quedan los derechos de las personas al criterio policial. Andar siempre con alguna identificación, estar atentos a las restricciones que se han puesto a las policías y denunciar en caso de abuso asoman como algunas de las recomendaciones por parte de la abogada de la Defensoría Popular María Rivera.
El Consejo para la Transparencia solicitó efectuar un sumario en contra del comandante en jefe de la FACh luego que la institución no cumpliera con los plazos para entregar la lista de pilotos que participaron del bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre de 1973. “La Fuerza Aérea habría incurrido en una denegación infundada de acceso a la información y/o en la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, contraviniendo la ley de Transparencia”, señala el oficio del Consejo.
La indemnización a los afectados por la colusión de las farmacias debería fijarse entre los 2 mil y 7 mil millones de pesos, según indicó un informe instruido por el Sernac. Sin embargo, actores involucrados en el caso afirman que sigue siendo un monto muy bajo, considerando que las ganancias de las tres cadenas de farmacias implicadas ascienden a 27 mil millones de pesos.
La búsqueda del joven desaparecido en Alto Hospicio, después de ser detenido por Carabineros, ha reactivado el cuestionamiento al Estado de Chile por la manera de tratar las situaciones vinculadas a la desaparición de personas por parte de agentes del Estado.
