El tribunal determinó la culpabilidad del machi Celestino Córdova por el delito de incendio de bosques con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y lo absolvió por el caso Seco-Fourcade. Además, los jueces desestimaron que la acción en la granja Lumahue pudiera ser tipificada como acción terrorista.
Por su parte, mientras el Gobierno valoró el fallo por establecer una jurisprudencia que orienta próximos juicios en la región, los abogados defensores adelantaron que, luego que se conozca la sentencia condenatoria, solicitarán la nulidad del juicio contra la autoridad Mapuche.
En el contexto de la reciente muerte de un hombre por “asfixia” encerrado en un furgón policial, la socióloga Lucía Dammert, dedicada a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad, puso en duda la falta de protocolos de detención por parte de carabineros afirmada por el Coronel de Carabineros Ramiro Larraín.
El vicepresidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, lo calificó como una irregularidad lo acontecido.En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, criticó que este tipo de casos entre en justicia militar.
Bajo estrictas medidas de seguridad se dio a conocer este jueves en Temuco el veredicto contra Celestino Córdova. Representantes de comunidades mapuche llegaron a apoyar a Córdova quien fue absuelto por no probarse su participación en el delito terrorista de 2012.
El dirigente fue encontrado muerto durante su jornada laboral en dependencias de la compañía contratista de Chilectra, en la comuna de San Joaquín, la tarde del 21 de febrero de 2013.
A sólo tres días de ser nombrado cardenal por la Santa Sede, el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, recibió una querella criminal por obstrucción a la investigación de abusos sexuales cometidos a mediados de los ochenta en la congregación Salesiana.
La demanda que han liderado las organizaciones sociales y comunidades diaguitas del Valle del Huasco contra la empresa dueña del proyecto Pascua Lama, Barrick Gold, sigue su curso. Este martes, se presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental, un testimonio clave que vendría a confirmar daños directos al medio ambiente producidos por el proyecto de mega minería.
Pese a que Carabineros y el Ministerio Público desestimaron la calidad de informante de Raúl Castro Antipan en el denominado caso asalto al peaje Quino, por el cual se procesó a dos menores de edad bajo la ley Antiterrorista, desde la misma institución se confirmó en el juicio oral el rol del joven. Esto confirma las inquietudes de abogados defensores y de las comunidades mapuche que estudian cómo enfrentarse legalmente al Estado por estas irregularidades.
El controlador de la empresa SQM acordó presentarse ante el fiscal José Morales, a propósito de la querella por prevaricación administrativa y perjuicios a particulares que presentó en contra del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma.
Se trata de Cristián Levinao y Rodrigo Melinao, éste último asesinado el año pasado en Ercilla, cuyas causas fueron desestimadas por el tribunal de Angol. Hermano de la víctima criticó el actuar de la Fiscalía.
Agrupaciones de fiscales desestimaron la justificación del Ministerio de Hacienda para no entregar la suma de 850 millones de pesos destinada para ascensos. Mientras que la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) sostiene que las promociones estaban contempladas hace tiempo en el presupuesto nacional, la Asociación Nacional de Fiscales responsabiliza a la crisis al interior de la Fiscalía.
Víctor Queipul es lonko de la comunidad Temucuicui Autónoma y tío de Patricio Queipul, quien tenía quince años cuando fue acusado del atentado al Peaje Quino. El líder mapuche asegura que casos como el de Raúl Castro Antipán, agente infiltrado de Carabineros y testigo protegido de la Fiscalía cuyo testimonio ha apresado a decenas de mapuches, son una estrategia del ministerio del Interior en la zona, por lo que anunció que exigirán a Carabineros y al Estado asumir su responsabilidad.
Preocupación existe entre quienes se han relacionado por tanto tiempo con las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esta vez se trata del actuar de las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, las que entre el tres y el diez de febrero de este año han decretado la libertad bajo fianza de seis importantes torturadores y cómplices de la dictadura.
La cuestionada ley antiterrorista permite que, bajo la declaración de testigos protegidos como Raúl Castro Antipán, infiltrado por Carabineros en las comunidades de La Araucanía, líderes mapuche puedan ser inculpados de delitos sin saber por qué. Así les sucedió a dos jóvenes que fueron finalmente absueltos por tribunales, por lo que su defensa anunció la presentación de una querella contra el Estado.
La declaración de un testigo protegido que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuche para realizar atentados incendiarios, por instrucciones de Carabineros, marcó el juicio a dos menores de edad acusados bajo la ley antiterrorista, quienes fueron finalmente absueltos.
Entre las categorías del estudio se encuentra acceso a la justicia, fortalecimiento institucional, eficiencia, eficacia y efectividad, ejecución de la sentencia, entre otros, y que en su conjunto dan la valoración de la institución judicial.
