El pasado 18 de mayo se realizó la Junta Anual de accionistas de Antofagasta plc en Londres. Patricio Bustamante, quién sigue hace años los alcances de la construcción del tranque El Mauro en la comunidad de Caimanes, junto a Marcela Mella del Movimiento No Alto Maipo, expusieron distintos temas que preocupan a las comunidades involucradas con proyectos de Antofagasta Minerals.
Por la disminución de enfermedades, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva interina de Oceana, espera que las industrias salmoneras acojan el fallo de la Corte de Apelaciones que las obliga a entregar información sobre uso de antibióticos.
Un informe de la Directemar reflejó altos índices de contaminación de metales pesados en el mar y suelo de Tocopilla. La Seremi de Salud instruyó un nuevo estudio en toda la bahía de la ciudad, a pesar que desde el Municipio aseguraron que hace más de un año estaría pendiente.
En la primera edición de Radioanálisis, el economista y máster en desarrollo de la Universidad de Boston, José Vera Giusti, se refirió a la ausencia de un modelo de desarrollo integral en regiones. A su juicio, “las estrategias de desarrollo debieran estar orientadas a mejorar los niveles de bienestar de la gente, no a crecer por crecer”.
Cuatro meses demoraría la investigación que un equipo de científicos llevará a cabo en la región de Los Lagos para determinar los factores que explican el desarrollo y extensión de la marea roja en la zona, para lo cual realizarán los trabajos apoyados por los pescadores que se han visto afectados en esta crisis ambiental.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió observaciones a Monsanto por ampliación de planta en Paine las que la empresa deberá responder hasta el próximo 18 de julio. A propósito de este caso, distintos actores recordaron que las regulaciones sobre semillas transgénicas están pendientes.
Si bien el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, negó que se hayan efectuado despidos de las empresas por la crisis que enfrenta la zona, dichos que fueron rechazados por los trabajadores de la Agrupación de Cesantes por el Salmón que exigieron un bono de 150 mil pesos por cuatro meses para 5 mil trabajadores.
Detener la instalación de una terminal de gas natural licuado y de una termoeléctrica que funciona con ese combustible es el objetivo de diversas organizaciones sociales de la región del Bío Bío que convocaron para este jueves a las 17 horas a una marcha por la defensa del agua y la tierra, en la plaza Perú de Concepción.
Con un llamado a que la Presidenta Bachelet “no se arriesgue a dar una cuenta pública con el país teniéndolo patas para arriba”, los pescadores de Ancud exigen que se les entregue un bono de 900 mil pesos por tres meses, ya que proyectan que la marea roja se mantendrá por ese tiempo en la zona.
La abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, explicó que el cambio climático es responsable de agudizar fenómenos extremos como la marea roja. A su juicio, las políticas públicas en relación con la investigación y la ciencia son insuficientes.
Mientras el Gobierno continúa con la entrega de bonos a las familias de pescadores artesanales afectados por la crisis en Chiloé, grupos de trabajadores de comunas como Ancud, Quellón y Queilen aseguran que “no existe voluntad, por parte de las autoridades, de entender el contexto de cada zona”, por lo que se mantendrán movilizados.
Los dirigentes manifestaron su molestia con el Ejecutivo, mientras en otras zonas comienza a retomarse la normalidad, luego del acuerdo firmado el sábado.
La emergencia que vive el sur del país dejó al descubierto el problema de fondo que aqueja a las regiones: condiciones de vida “indignas”, centralismo y abandono de parte del Estado son algunas de las denuncias realizadas por diferentes actores sociales.
La mandataria argumentó que el titular de Economía contará con mayores atribuciones para intentar resolver el conflicto en la región de Los Lagos. Desde el sur, dirigentes de los pescadores respondieron de inmediato que el anuncio es insuficiente.
Desde la cartera no se han pronunciado respecto de las responsabilidades que tendrían en la gestión de políticas públicas que evitarían un desastre ecológico de tal nivel.
