La emergencia que vive el sur del país dejó al descubierto el problema de fondo que aqueja a las regiones: condiciones de vida “indignas”, centralismo y abandono de parte del Estado son algunas de las denuncias realizadas por diferentes actores sociales.
La mandataria argumentó que el titular de Economía contará con mayores atribuciones para intentar resolver el conflicto en la región de Los Lagos. Desde el sur, dirigentes de los pescadores respondieron de inmediato que el anuncio es insuficiente.
Desde la cartera no se han pronunciado respecto de las responsabilidades que tendrían en la gestión de políticas públicas que evitarían un desastre ecológico de tal nivel.
En medio del falo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la construcción de la central hidroeléctrica, desde organizaciones sociales hasta especialistas relevan los problemas que se han generado en el río Maipo por las faenas llevadas a cabo por la empresa ligada al Grupo Luksic.
La presencia de un delegado presidencial con plenos poderes en menos de 48 horas, es una de las peticiones realizadas por pescadores de la región de Los Lagos, frente a la crisis que afecta a la zona. Además, exigen la entrega de un bono de emergencia sin condiciones, para deponer las movilizaciones.
El sacerdote se refirió a la crisis que vive la comunidad de Chiloé producto de la contaminación que afecta a las costas de la región de Los Lagos y de la que se responsabiliza a la industria salmonera. “Estas empresas han desaparecido la pesca artesanal”, señaló.
Dirigente de los pescadores de Ancud, Jaime González, sostuvo que las condiciones impuestas por el Ejecutivo hacen incobrable el bono que no alcanza a cubrir las necesidades que dejó el desastre natural en la isla.
La crisis social y económica en Chiloé permitió advertir problemas históricos que afectan a la región, entre ellos, el impacto de la industria salmonera. Expertos advierten que las causas del problema medioambiental no fueron el vertimiento de salmones muertos sino la sobrecarga permanente de la salmonicultura. El gobierno había anunciado para este semestre un proyecto de ley que regularía la acción de estas empresas, sin embargo hasta ahora no han habido avances.
Un grupo de especialistas planteó que el más probable origen del incendio en el vertedero Santa Marta en enero pasado, se debió al deslizamiento de material por el lodo que se acopió en el relleno, por lo mismo exigen que la empresa muestre los certificados que les permitieron acumular dicho material.
A siete años desde que fue solicitado por la Presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno, la Red de Vigilancia Volcánica del Sernageomin hizo una evaluación positiva de su gestión a partir del trabajo de coordinación con municipios, Onemi y otros organismos para mitigar los impactos de este tipo de emergencias.
A siete días del inicio del conflicto, el movimiento social en Chiloé continúa en pie. Apoyo permanente al sector pesquero artesanal y el fin de la ley de pesca son algunos de los puntos clave.
La movilización iniciada por los pescadores de Chiloé ha develado una serie de demandas postergadas por años en la zona. Juan Carlos Viveros del Movimiento Defendamos Chiloé asegura que el archipiélago “es una olla a presión a punto de explotar”.
La minera Los Pelambres del Grupo Luksic ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la región de Coquimbo un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Infraestructura Complementaria por mil 100 millones de dólares. La compañía se sustenta en un acuerdo previo alcanzado con la comunidad de Salamanca, sin embargo, el tema genera diferencias entre habitantes del Valle del Choapa y parlamentarios de la zona, cuando están en pleno desarrollo de un proceso judicial contra la firma.
Diversos puntos de la isla de Chiloé fueron tomados por pescadores artesanales de la zona, quienes mantienen una protesta indefinida por la crisis que obligó a la presidenta Michelle Bachelet a decretar zona de catástrofe en 11 comunas. Los pescadores exigen una bonificación digna, y autoridades locales emplazaron a los ministros a que visiten la zona y destinen mayores recursos para solucionar el conflicto.
Los pescadores reclaman que el bono de $100 mil ofrecido por el gobierno no alcanza para cubrir las necesidades de las familias de la zona. Recordemos que las autoridades han implementado restricciones a la pesca por causa de la marea roja.
