También señala que comparten “el dolor de las reales víctimas de abuso”. Sin embargo, afirma que “casos como éste perjudican los años de avance que se ha logrado en la materia”.
Un jurado del tribunal federal de Nueva York declaró este martes a Donald Trump responsable de agresión sexual, pero no de violación, y difamación a la experiodista E. Jean Carroll y tendrá que pagarle 5 millones de dólares por daños y perjuicios
La dirigenta sindical afirmó que antes de la pandemia existían en promedio 500 trabajadores por local: hoy en los hipermercados son unos 250 con sueldos mínimo y la empresa quiere que el 80% sea polifuncional.
El sacerdote jesuita tomó conocimiento de la investigación previa canónica tras la denuncia en su contra por presuntos hechos de connotación sexual, aseverando que se ha puesto a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con celeridad.
Ante esto, la ministra de la Mujer, Móniza Zalaquett, expresó su rechazo a los dichos de Roca, condenando la normalización de abusos por parte del concejal UDI.
Además, se establecieron 90 días de investigación.
“Según el testimonio de la madre del menor, los hechos habrían ocurrido en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, cuando el sacerdote era rector de dicha institución”, se lee en el comunicado emanado desde la misma Compañía de Jesús.
En el primer día del encuentro sobre abuso infantil que se realiza en el Vaticano, el Pontífice pidió que se tomen medidas frente a estos delitos dentro de la Iglesia Católica. Mientras, los laicos de Osorno se mostraron escépticos y dijeron que las políticas de la Santa Sede “corren en un carril diferente en Chile”.
La acción judicial fue presentada el martes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y afecta al ex acólito Javier Molina, quien denunció los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Jorge Laplagne.
La organización eclesiástica afirmó que la postura del pontífice muestra en camino que la Iglesia chilena está llamada a seguir las denuncias de abuso sexual y de poder.
La audiencia había sido solicitada con anterioridad al Arzobispo de Malta, quien se encuentra en el país escuchando los testimonios contra el obispo de Osorno, Juan Barros.
Los holding dueños de las isapres son también los propietarios de las clínicas y centros médicos. El control desmedido de este mercado por un grupo reducido de empresarios ha posibilitado el abuso constante de la industria contra sus usuario. Mientras, la reforma sobre esta materia planteada por la Presidenta se encuentra frenada por el Ministerio de Hacienda hace casi tres años.
Para el presidente de la Fundación para la confianza es fundamental que se revise el uso del poder en la Iglesia católica. A su juicio, de no redistribuirse, los casos de pedofilia se seguirán dando a pesar que el Vaticano impulse una política de castigo contra los pederastas.
La ONG Raíces entregó un crítico informe sobre el abuso sexual comercial que viven los niños en Chile, números que han aumentado un 50 por ciento en los últimos diez años, según revelan cifras extraoficiales. Uno de los principales problemas es que en el país desde hace diez años no se hace un estudio que dé cuenta de este problema que afecta a niños y niñas de todos los estratos sociales.
El fiscal a cargo de la investigación por las irregularidades en el Sename declaró que hasta el momento no existen pruebas que puedan dar seguridad de la existencia de un delito. Estas palabras fueron valoradas por el director del Sename pero rechazadas por parlamentarios y organizaciones de derechos de la infancia, quienes consideran inoportuno adelantar juicios antes de finalizada la investigación.
Durante la jornada de este miércoles avanzaron en la Fiscalía Nacional las declaraciones en el Caso Sename, luego del informe que denunció el consumo de drogas y abusos sexuales, entre otras vulneraciones. Hasta ahora los implicados sólo han manifestado sus voluntades de participar del proceso que dirige el fiscal Juan Agustín Meléndez.
La Asociación Chilena de Municipalidades y la organización no gubernamental Activa denunciaron nuevas cláusulas abusivas por parte de las clínicas privadas, que fuerzan a los usuarios a firmar pagarés para así brindar prestación médica de urgencia, lo que en la práctica opera como el cheque en garantía que se prohibió en 2009 para este tipo de atenciones.
