La iniciativa amplía de 12 a 24 horas el plazo máximo para considerar flagrante una detención realizada por las policías. En la actividad, el Mandatario llamó al Congreso a acelerar la tramitación de las iniciativas de la agenda de seguridad.
Ante la posibilidad de que el Gobierno retire el proyecto, el diputado gremialista señaló que hay dos elementos que se deberían rescatar: los regímenes penitenciarios diferenciados y la creación de una lista de organizaciones criminales.
El gobernador de la RM emplazó al Ejecutivo a que el porte ilegal de armas tenga cárcel efectiva mientras se investiga. Por su parte, la bancada de la UDI llamó a La Moneda a incluir en el Presupuesto 2027 la “Agenda Mártires de Chile”.
El duelo se extenderá por los días 28, 29 y 30 de septiembre. “Necesitamos el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir (…) Vamos a acelerar la ACOT”, declaró el Mandatario.
“La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”, afirmó el mandatario.
A cuatro años de la derrota del Apruebo, el gremialista reflexionó sobre el primer proceso constitucional. Además, abordó la agenda de seguridad y dijo que el Ejecutivo “entendió” el error de comunicar la reforma constitucional como medida principal.
El abogado explicó que la Carta Fundamental solo permite convocar a este mecanismo si el Congreso aprueba una reforma que luego es rechazada por el Presidente, un escenario distinto al eventual rechazo de la iniciativa del Gobierno.
Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la intención del Ejecutivo con la iniciativa es “dividir” a las fuerzas políticas, y sostuvo que sería “una locura” aprobar un proyecto que calificó como “absolutamente ideológico”.
A propósito de las diferencias que manifestó el gremialismo previo al ingreso del proyecto, el parlamentario reconoció que la iniciativa del Ejecutivo careció de trabajo prelegislativo y exigió mayor consideración hacia los partidos del sector.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El ministro Martín Arrau y la ministra May Chomalí protagonizaron un inédito enfrentamiento público por la quita de derechos sociales a condenados, mientras Franco Parisi y Diego Ibáñez cuestionan la estrategia del Ejecutivo.
La socióloga y experta en seguridad cuestionó el componente comunicacional de la agenda, advirtió sobre la incorporación del terrorismo al debate y llamó a fortalecer la persecución del crimen organizado.
El contitucionalista se refirió también a los requerimientos que serán revisados esta semana en el TC. Junto con la indemnización por revocación de una RCA, comentó las posibilidades de que la invariabilidad tributaria sea declarada inconstitucional.
La presidenta del FA, Constanza Martínez, acusó que el Ejecutivo “pretende hacer de esto un debate que divida posiciones”. Tanto el ministro Arrau como el subsecretario Pavez defendieron que la propuesta incorpora “aspectos puntuales”.
En la ceremonia realizada en La Moneda, el Jefe de Estado aseguró que la crisis de seguridad “excede por largo un solo gobierno” y destacó los avances en materia de homicidios, secuestros y decomiso de drogas en su administración.
Según detalló el Gobierno, la reforma constitucional busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública e incorpora por primera vez a la Carta Fundamental el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado.
