La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos criticó la decisión de las subsecretarias de DDHH Lorena Fríes y Lorena Recabarren de no entregar los antecedentes a la justicia.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), comentó el alcance de esta publicación que aborda 205 casos.
Este martes, el Presidente electo se reunió con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y nombró como su jefe de gabinete ministerial a Matías Meza-Lopehandía, abogado especializado en la materia.
Mientras la ONU manifiesta su preocupación por sus vulneraciones, en el país se realizaron diversas actividades para destacar que “lo más importante de la conmemoración es generar la consciencia de que el respeto irrestricto a los derechos humanos debe ser la base de cualquier sociedad democrática”.
La iniciativa debía ser votada el martes en el Senado, pero fue postergada porque el informe de la comisión de Constitución no habría llegado para ser incluida en la tabla de esta semana. Familiares mantienen huelga de hambre a la espera de la aprobación.
Representantes de organismos humanitarios se sumaron al emplazamiento de otros integrantes de la instancia que critican la presencia del ex comandante en jefe de la Armada.
Para la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos la muerte del llamado fiscal favorito de Pinochet sin que haya prestado colaboración para el esclarecimiento de causas pendientes es uno de los vejámenes que deben seguir soportando los familiares de las víctimas.
Para el Tribunal Constitucional, uno de los artículos del proyecto que sanciona el negacionismo requería de quorum calificado para su aprobación en la Cámara. Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos rechazó esta decisión y aseguró que “nuevamente quedamos expuestos a la derecha que fue cómplice de los crímenes de la dictadura”.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, la jugada que pretende hacer la derecha demuestra, “una vez más”, la necesidad de cambiar la institucionalidad actual, pues, a su juicio, organismos como el Tribunal Constitucional van en contra de la voluntad popular.
El presidente Piñera no descartó aplicar el beneficio a criminales de lesa humanidad y las víctimas de la dictadura alzaron la voz. “No aceptamos que la impunidad sea el camino que quiera profundizar el gobierno en medio de esta pandemia”, advirtieron desde la AFDD.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los representantes presentaron un documento con nueve propuestas que definieron como “la única forma en que se puede enfrentar los desafíos que tenemos en la agenda social, constitucional y de seguridad”.
Ad portas de la revisión de la declaratoria del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) en el Consejo de Monumentos Nacionales, representantes de agrupaciones de derechos humanos y de la sociedad civil se reunieron para rechazar y denunciar las amenazas contra el patrimonio, a partir de los casos de la Villa San Luis, en la Condes, y COFOMAP, en Neltume.
El juez Carroza sentenció a 10 años y un día cárcel a los militares (r) Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez en calidad de autores del homicidio calificado de Rojas y el homicidio calificado en grado de frustrado de Quintana.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos ratificó sus dichos acusando a la UDI y a la derecha chilena de estar detrás de un plan para expulsar a más inmigrantes. Por su parte, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, respaldó los dichos de la dirigente.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, es un avance, sin embargo, no deja de ser contradictorio, pues muchos de los militantes de la colectividad han promovido la impunidad de los criminales de la dictadura.
Este miércoles la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos dejó un documento en Contraloría solicitando que el organismo reconsiderara su decisión de eximirse en la toma de razón de indultos otorgados por la presidencia. El derecho internacional respalda la visión de que a quienes cumplen penas por crímenes de lesa humanidad no se les debiera conceder ningún tipo de beneficios.
La iniciativa fue presentada en la Cámara el 2010 con el respaldo del diputado PPD, Tucapel Jiménez.
