A juicio del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el General Director de la policía uniformada no puede encabezar dicho proceso porque no cuenta con la confianza de la ciudadanía y además se encuentra querellado.
Tanto el Gobierno como Carabineros insistieron en que la muerte del joven de 26 años en la población La Victoria se dio producto de un “enfrentamiento” en el que los uniformados debieron “defenderse”. Nuestro medio recabó diversos testimonios de quienes presenciaron los hechos y estuvieron en el lugar, contrastando versiones que acusan a uniformados con otras que apuntan al narcotráfico.
Testigos afirman que la víctima habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto de perdigones en su tórax por parte de efectivos de la policía uniformada.
Ante la información respecto de infiltraciones policiales y los allanamientos que se han hecho en Lo Hermida durante la última jornada, uno de los integrantes de la Comisión conversó con Radio Universidad de Chile sobre lo que están viviendo. “Creemos que hay algo más atrás, una intromisión política que no solo buscaba desbaratar una organización delictual”.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
La instancia de trabajo, formada a partir de las declaraciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas ocurridas desde octubre del año pasado, busca además ampliar al presupuesto de Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) para que incluya a quienes han sufrido mutilaciones graves.
En conversación con nuestro medio, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, admitió que en los denunciantes de violaciones a los DDHH existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. “No es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica; y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, sentenció.
El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Hoy, en vísperas del primer aniversario del estallido social, decidieron contar su historia y revelar una serie de videos, fotos y audios que han ayudado a que su agresor, el ex capitán de Carabineros Ricardo Luengo, se encuentre en prisión preventiva imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas.
Un contingente nacional de 40 mil carabineros, 7600 de ellos con capacitación especial para el control de masas estará a cargo de la estrategia de Carabineros para enfrentar la primera conmemoración del llamado “estallido social”.
El titular de Interior se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra y reiteró que no ha cometido ninguna falta.
El Director Ejecutivo de Fundación Chile XXI analizó el crítico momento de la institución y urgió a tomar medidas drásticas cuanto antes. “Estamos en un punto de inflexión, porque si Carabineros cae por ese barranco, no hay nada después de las policías” remarcó.
El Mandatario pidió al Congreso la rápida aprobación de normativas como la de especialización de las policías, la que crea un nuevo sistema nacional de inteligencia, la ley de control de armas y la ley para que FF.AA. colaboren en protección a la infraestructura crítica.
