El abogado puso énfasis en otra arista del caso: los nombramientos en el Poder Judicial, que -a su juicio- “permite un tipo de interferencia absolutamente indebida con un protagonismo muy alto de abogados litigantes” que luego cobran esos apoyos.
El exfiscal además cuestionó el actuar del Gobierno, ya que a su juicio, el Ejecutivo debía pedirle la renuncia a Sergio Muñoz. En contraste, Gajardo destacó el actuar de Fiscalía: “Fue una señal muy fuerte haber allanado el domicilio”.
El exfiscal consideró que el Gobierno “se ha complicado en exceso” en tratar de explicar estos encuentros. Además, sostuvo que en relación al caso del general director de Carabineros “también hay que respetar la autonomía del Ministerio Público”.
El exfiscal aseguró que más allá de las sanciones que se apliquen en contra de los 55 empresarios implicados, se debe poner atención a la manera en que nuestro país previene la evasión tributaria.
El exfiscal afirmó que “estos casos se terminan convirtiendo en un gran desafío para el conjunto del sistema de demostrar que ha alcanzado cierta madurez, cierta fortaleza, que no se tuvo en el caso Penta para poder condenar”.
Luego de que la Corte Suprema revisara un recurso de nulidad presentado por su defensa, el máximo tribunal determinó que López es culpable de dos delitos de abuso sexual. Sin embargo, el cineasta no cumplirá la pena en la cárcel.
El exfiscal, quien representa a la empresa Dellibest, hizo la presentación ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación por estimar que existió una serie de fallas al mostrar cómo funciona el sistema de raciones alimenticias.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, abordó el debate en torno a las extensas y desproporcionadas medidas cautelares que se le han aplicado a jóvenes que fueron detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido de octubre pasado.
Pese a que el Ejecutivo anunció que se congelarían los valores por el lapso de tres meses, los expertos aseguran que el tema debe ser abordado en profundidad para una solución definitiva. Para el abogado Carlos Gajardo, el Estado cuenta con herramientas constitucionales, así como normativas correspondientes al vigente estado de catástrofe, para regular los precios de las isapres.
Por su parte, el presidente del Capítulo Regional Centro Norte de la Asociación de Fiscales, Roberto Rabi, criticó el estancamiento de recursos destinados al Ministerio Público, esto, pese al aumento de las expectativas y exigencias.
Luego del anuncio de la participación de los ex fiscales en la mesa de trabajo que la falange elaborará con el fin de buscar propuestas para la probidad, dos cientistas políticos analizaron las posibles razones por las que la Democracia Cristiana convocó a los polémicos abogados.
Los abogados que lideraron investigaciones de corrupción representaron a la comuna en la presentación de querellas por fraude al Fisco y finiquitos irregulares en el municipio, hechos que se dieron en la administración anterior.
Se trata de Felipe Sepúlveda Araya, nuevo fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, y Carlos Ramírez Moreno, quien pasará a integrar esa misma institución.
Los especialistas en causas tributarias y piezas centrales en las causas Penta y SQM anunciaron la decisión acusando que no fueron oídos al interior de la institución: Hemos tenido triunfos en el tribunales, pero una derrota en la Fiscalía”, dijeron a la salida.
El Fiscal Nacional indicó que la solicitud busca impedir las declaraciones de los persecutores Gajardo y Norambuena, ya que “altera una de las bases del proceso penal”.
Estudiantes universitarios llamaron al Gobierno a tomar prontas medidas frente al reconocimiento sobre los fines de lucro en la actividad educacional realizado por el holding Laureate. Mientras el Ejecutivo anunció que se realizará un sumario administrativo en este caso.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente debe continuar con la investigación en contra del ex senador de la UDI Carlos Bombal, por presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta. La defensa del personero gremialista manifestaba que las acciones llevadas a cabo por Bombal no era constitutivas de delito.
