La ex ministra ha salido incólume de todas las acusaciones y cuestionamientos en su contra El último caso fue el fallido informe Sename en el Congreso. Las razones apuntarían a que posee poderosos vínculos, que van desde la derecha representada por la Fundación Paz Ciudadana, a ser una de las colaboradoras más cercanas de la presidenta Bachelet. Su cercanía con el freísmo en la DC sería otro de sus soportes.
A través de un recurso de casación, el CDE intenta anular la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia judicial que determinó la devolución de los bienes y dineros embargados a la familia del dictador durante la investigación del caso Riggs.
Sename y sobresueldo en Carabineros son los dos nuevos temas que complican a la ex ministra de Justicia. Desde Chile Vamos piden que se margine del Consejo de Defensa del Estado, mientras el Gobierno espera la votación del pleno de la cámara de Diputados, donde le imputan la responsabilidad política por los dos sucesos.
La abogada ingresó en 1995 al CDE, desde ese momento se desempeña como consejera. La presidenta Michelle Bachelet ya la había sondeado para reemplazar a Ramiro Mendoza en la Contraloría.
Su salida se hará efectiva el próximo 21 de marzo, fecha a partir de la cual Bachelet debe nombrar a un nuevo presidente del CDE.
Siguen las críticas al nombramiento de Javiera Blanco. Ahora, la Asociación de Abogados del CDE asegura que se debió privilegiar la trayectoria que algunos juristas han desarrollado al interior de la institución.
La decisión de la Presidenta molestó a los miembros de la Nueva Mayoría, quienes opinaron que lo prudente hubiera sido nombrar a alguien sin conflictos pasados, haciendo recuerdo de las dificultades de la ex ministra en la cartera de Trabajo.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de todos los que resulten responsables en el caso de las pensiones elevadas al interior de Gendarmería. En la presentación aparece individualizado el nombre de la ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade. Desde todos los sectores, valoraron la medida.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó ante la Tercera Sala de la Corte Suprema que anule el fallo en el que requiere que, a través del gobierno chileno, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA visite la cárcel donde se encuentra el opositor al gobierno de Venezuela.
“La investigación sigue en curso”, dijo el presidente del CDE, aclarando que podrían existir nuevos funcionarios públicos vinculados al caso Corpesca.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes confirmó la querella en contra de Jorge Segovia por el delito de soborno en el marco de la investigación que se lleva por la obtención de la acreditación de la Universidad SEK en el año 2012.
La acción judicial incluye una eventual malversación de caudales públicos y contratación de personas para fines distintos a los asignados y a un supuesto uso de recursos municipales para la campaña de 2009 del hoy diputado Enrique van Rysselberghe, hermano de la senadora.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por cohecho contra Pablo Wagner, quien habría recibido cerca de 42 millones de pesos en forma irregular desde el grupo empresarial.
Próximamente la Corte Suprema debiera pronunciarse si acoge o no un recurso de protección presentado por diversas organizaciones por el daño arqueológico que implicaría el paso del Dakar por el norte del país. Distintos organismos del Estado se pronunciaron sobre el tema, mientras que las comunidades piden al Gobierno que se haga cargo.
El Consejo de Defensa del Estado informó que actualmente son 17 los municipios que se investigan por desviar fondos de la Ley SEP, a fines distintos por un total de 16 mil millones de pesos. Municipios se defienden reclamando déficit de fondos fiscales para los establecimientos, mientras profesores exigen que se investigue y sancione a los alcaldes y responsables de las malversaciones o posibles fraudes.
El Consejo de Defensa del Estado decidió presentar una querella en contra del ex director del INE, Francisco Labbé. Lo acusan de presunto delito de falsificación de instrumento público en el marco de los resultados del Censo 2012.
Antes de entregar el gobierno a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera deberá decidir quién presidirá el Consejo del Estado, además de designar a un nuevo miembro para el organismo que reemplace a Eduardo Urrejola.
